La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, aseguró esta tarde en conferencia de prensa que suspenderá “inmediatamente” los planes sociales otorgados en el marco del Potenciar Trabajo (PT) que hayan sido utilizados para la compra de dólares.
De esta manera, la funcionaria confirmó la información del documento que realizó la AFIP para la cartera, que detectó irregularidades en ese programa.
“Estamos entrecruzando la última base de datos del PT. Todo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente”, aseguró la ministra ante los medios.
“Estamos trabajando para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades”, explicó la funcionaria y anticipó que “empieza un proceso de mucha transparencia a la hora de tener certezas sobre a quienes le estamos transfiriendo los recursos públicos”.
Las declaraciones de Tolosa Paz se dieron en el contexto de la publicación de un informe reservado del ente recaudador, que reveló que 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 —a valor noviembre— por las cuatro horas de labor que se supone realizan.
El informe determinó que las incompatibilidades detectadas son la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.
Al respecto, la ministra anticipó que para evitar esas irregularidades, desde ahora se empezará a implementar un sistema de validación de identidad a partir de la aplicación Mi Argentina. “Tenemos que evitar distorsiones en una política muy importante como ha sido el Potenciar Trabajo”, insistió la ex diputada nacional.
A su vez, Tolosa Paz señaló que el informe “da cuenta de la necesidad de empezar a trabajar en la articulación entre el Ministerio de Trabajo, con la AFIP y el Sistema Tributario y Social (SINTyS), para poder entrecruzar datos no sólo en el momento del ingreso al Potenciar Trabajo sino que previo a la liquidación cada 30 días, para poder trabajar con las certezas que necesitamos a la hora de transferir los recursos a los beneficiarios”.
El informe fue pedido el 30 de junio pasado por el entonces ministro del área, Juan Zabaleta. Según fuentes del ministerio de Desarrollo Social, el entrecruzamiento de información aún no llegó al despacho de Victoria Tolosa Paz.
Sin embargo, la ministra ya anticipó que la decisión es dar de bajas a los beneficiarios que incurran en incompatibilidades, ya sea por la compra de dólares, por la adquisición de un auto o por que perciben más de un plan social por valores superiores al salario mínimo vital y móvil.
En horas del mediodía, la ministra mantuvo una reunión con las organizaciones de izquierda agrupadas en Unidad Piquetera. En ese sentido, aseguró que “hubo mucho diálogo”, aunque admitió que tiene “diferencias” con los piqueteros.
“El diálogo permite evitar el desplazamiento de mujeres con chicos y chicas a la 9 de Julio, acampar no es la salida de la pobreza y de la indigencia”, cuestionó la funcionaria.
En el encuentro, los piqueteros insistieron en la reapertura de más planes sociales y en que se cumplan los programas de entrega de alimentos y maquinarias para las cooperativas de trabajo.
En ese sentido, Tolosa Paz admitió que el Ministerio “inclumplió” en octubre con la entrega de alimentos. La ministra atribuyó la falencia a la “falta de oferta de productos esenciales”. Se comprometió, entonces, a garantizar la entrega de alimentos secos y la bolsa navideña de noviembre y diciembre para todos los hogares beneficiarios.
En cuanto a los planes sociales, ratificó la voluntad del decreto presidencial de la semana pasada, que señaló que no se ampliará más el Potenciar Trabajo. Se trata del programa social más grande del Ministerio, que otorga asignaciones a 1.350.000 beneficiarios.
Al respecto, Tolosa Paz sostuvo que seguirán investigando para garantizar la “transparencia” en la entrega de asistencia y advirtió que suspenderán a quienes incumplan lo normado. “Vamos a trabajar muy fuerte para que las bajas que se den en el Potenciar Trabajo puedan redistribuirse en lo que conocemos como el fortalecimiento de las capacidades productivas”, prometió.
En otro punto, la ministra también defendió el decreto 728/22, que firmó la semana pasada el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y que estableció que el 30% de la obra pública de menos de $300 millones será asignada a movimientos sociales.
Ante las críticas de las cámaras de la construcción y distintos sectores industriales y de la oposición, Tolosa Paz consideró que “hubo una muy mala interpretación del espíritu del decreto”.
En ese eje, la contadora detalló que el articulado “busca seguir promoviendo la incorporación de las cooperativas de la economía popular registrados bajo una matrícula, con certificado de vigencia y con entrega de balances, para que puedan competir en el mundo de la oferta de licitaciones en obras que tengan un techo de hasta $300 millones”.
Fuente: Infobae.