La ministra de Desarrollo Social inició una “validación biométrica” sobre los titulares del programa. Dará de baja a quienes no lo hagan.
El juez federal Ariel Lijo instruye el expediente que investiga a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por los supuestos delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, abuso de poder y malversación de caudales. La denuncia fue presentada por el fiscal Guillermo Marijuán por no haber dado de baja a 253.184 titulares del programa Potenciar Trabajo por las incompatibilidades que detectó la AFIP. Entre ellas, personas que tienen más de dos propiedades y compraron dólares. Hasta ahora, de ese monto, Tolosa Paz dio de baja a casi el 10% de esas personas, unas 23.000, algo que generó malestar entre los movimientos sociales oficialistas que realizaron marchas, cortes y aprobaron un “plan de lucha”.
Alguno de esos dirigentes se comunicaron con el juzgado federal 12, inquietos con las determinaciones que podía tomar el magistrado contra los titulares del Potenciar Trabajo que podrían haber recibido el beneficio de manera irregular.
Los funcionarios judiciales fueron tajantes: no se va a perseguir a los sectores más vulnerables de la sociedad por haber abonado una suscripción a una plataforma de streaming o de música. Los colaboradores de Lijo aseguraron que pondrán el acento en los presuntos “intermediarios”, dirigentes y funcionarios que, según se sospecha, retenían las tarjetas de los beneficiarios y cobraban en su nombre o se quedaban con un porcentaje.
“Nadie va a perseguir a los pobres que reciben un plan social por pagar dos, tres, cinco dólares con tarjeta de crédito por un abono de Netflix o Spotify; o porque compraron una moto para delivery”, le explicó a este medio una calificada fuente de Comodoro Py relacionada con pesquisa. Y agregó: “Se va a investigar a los intermediarios, sean punteros, funcionarios o dirigentes que no le hacen llegar la plata del Estado a los más necesitados”.
La lupa estará puesta en corroborar cómo se accedió al beneficio y si quienes lo cobraban eran los titulares o no de la tarjeta. Desde el propio ministerio de Desarrollo Social dijeron que hay denuncias -la mayoría anónimas- que cientos de planes estarían asignados a personas que cumplían con los requisitos para acceder al programa, pero intermediarios, posiblemente los mismos que los inscribieron, les retenían las tarjetas para cobrar el beneficio, esto es la mitad de un salario mínimo por cuatro horas de trabajo en una Unidad de Gestión, la mayoría cooperativas que dependen de los movimientos sociales, como por ejemplo el Evita.
En este punto, uno de los funcionarios que está bajo la mira es Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social de quien depende el programa Potenciar Trabajo. El dirigentes, además, es uno de los líderes del Movimiento Evita. Pérsico fue denunciado por el fiscal Marijuán por los mismos presuntos delitos que se le imputan a su jefa, Victoria Tolosa Paz.
Arie Lijo fue el magistrado que autorizó a la ministra a abonar el Potenciar Trabajo a los más de 1.300.000 beneficiarios del mes de noviembre. A través de un escrito, Tolosa Paz también le solicitó al juez autorización para depositar los meses de diciembre y enero. Como argumento, la ex diputada le recordó a Lijo que está en marcha una “validación biométrica” de titulares del Potenciar Trabajo y que ya unos 700.000 se reinscribieron.
Lijo, no solicitó auditoría alguna, pero podría hacerlo si ya hay un chequeo de identidades y compatibilidades en marcha. Sí, en cambio, solicitó los avances de la validación biométrica al 20 de diciembre, y pidió que, dentro de lo posible, termine el relevamiento, a más tardar, el 15 de enero.
Tolosa Paz le explicó a este medio que los titulares del programa “tienen tiempo hasta el 6 de enero para validar su identidad” y advirtió: “Los que no lo hagan se los dará de baja. La validación de identidad se realiza a través de un proceso con reconocimiento facial a través de la app Mi Argentina”.
No hay datos ciertos sobre cuántas personas podrían ser estafadas o extorsionadas por supuestos intermediarios. En el juzgado que subroga Ariel Lijo especulan que podrían ser entre 100.000 y 150.000, pero la cifra es incierta.
En este punto, el magistrado tendrá una ardua tarea por delante para determinar cuántos planes son cobrados por personas que abusan de los más vulnerables. Como mínimo existen dos líneas de trabajo:
-Los que retienen las tarjetas de personas que se anotaron de manera legal y a los que el intermediario se las puede devolver para realizar la validación biométrica y después seguir extorsionando. Por experiencia, los colaboradores de Lijo recordaron que no todos se podrán empadronar. En ese caso los llamarán a declarar.
-Que no se superpone con el anterior, puede involucrar a funcionarios, punteros o intermediarios que anotaron a personas vulnerables sin que estos supiesen. Es el caso más sencillo. Al no volver a empadronarse, el beneficio se cae de manera automática.
Una de las hipótesis que se maneja en Tribunales es que las irregularidades detectadas en los planes sociales podría estar asociado con el financiamiento de las organizaciones sociales.
