El Presidente no quería mover en soledad y abrió una ronda de consultas con los principales referentes del Frente de Todos para encontrar una solución financiera La Vicepresidenta habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini y hasta ahora hizo silencio.
Alberto Fernández trajinó Nochebuena y Navidad para encontrar una solución técnica que le permitiera acatar el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires dictado por la Corte Suprema, pese a respaldar tres días antes la postura política de catorce gobernadores oficialistas que decidieron repeler esa decisión institucional tomada por unanimidad en el Cuarto Piso del Palacio de Tribunales.
La solución técnica implicaba acatar el fallo de la Corte sin afectar partidas que comprometieran los fondos coparticipables de los gobernadores peronistas y sin violar las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un intríngulis financiero teñido por las internas palaciegas y la futura campaña electoral.
Los mandatarios provinciales del Frente de Todos creyeron que Alberto Fernández ya había dicho su última palabra cuando se acercaba Nochebuena, y masticaron vidrio y arena al conocer que el Presidente giraba sobre sus pasos y buscaba una alternativa técnica para preservar el orden constitucional y cumplir con el fallo de la Corte.
Cristina Fernández de Kirchner habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini; Sergio Massa puso a disposición a su secretario Legal y Técnico, Ricardo Casal, y el presidente designó al vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Este pack heterogéneo y con diferentes intereses políticos intercambiaban información entre ellos y luego reportaban a sus respectivos referentes partidarios. El jefe de Estado se encontraba en Chapadmalal y afinaba la solución técnica en constantes conversaciones con Ibarra y Olmos, que después pivoteaban con los alfiles de la vicepresidenta y el ministro de Economía.
Ya en Navidad, la propuesta estaba afinada: Alberto Fernández ofrecería cumplir el fallo de la Corte a través de títulos públicos que vencen en 2031 y que se depositarían todos los días en una cuenta del Banco Nación que se abriría para esos fines. El Presidente pagaría el total ordenado por el alto tribunal (2.95 del PIB) y de esa manera -creía- que evitaba violar la Constitución y quedar a merced de una probable denuncia en Comodoro Py.
El procurador Zannini entregaba toda la información de la propuesta presidencial a Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta tomó nota del asunto, evitó hablar con Alberto Fernández y se mantuvo en silencio cuando el jefe de Estado tuiteó con la propuesta dirigida a la Corte y a la Ciudad de Buenos Aires.
CFK no quiere aparecer al lado del Presidente. Y hoy en Avellaneda se sabrá si respalda su posición o reclamará otra decisión institucional para enfrentar a la Corte y desconocer su fallo a favor del Gobierno porteño.
Sergio Massa tuvo una actitud política diferente. El ministro de Economía habló con Alberto Fernández cuando terminaba la Navidad, y en esa conversación conoció todos los detalles de la movida presidencial que se ejecutaría horas más tarde. Massa comparte la decisión del jefe de Estado, pero su estrategia de comunicación política es aparecer sólo en asuntos vinculados al Palacio de Hacienda.
Es poco probable que la Corte Suprema acepte la iniciativa financiera que presentó Alberto Fernández en su cuenta oficial de Twitter. El Presidente sabe que la Corte siempre exige pesos en sus fallos y un bono devaluado en el mercado y con vencimiento en 2031 no puede reemplazar al dinero contante y sonante.
Los pesos y los bonos no son instrumentos similares. No son cosas fungibles. En este caso, la plata vale más que un título público que vence en ocho años, si se toman valores idénticos. El bono TX2031 es un papel depreciado en el mercado secundario.
Cuando sea la hora, el alto tribunal podría ordenar al Gobierno que liquide todos los días los bonos que vencen en 2031 y con el efectivo cancele la deuda que mantiene con la Ciudad por su coparticipación federal.
Alberto Fernández no debería tener problemas, si la Corte falla en este sentido: durante 2023 debe pagar cerca de 110.000 millones de pesos, y Massa tiene cerca 400.000 millones de pesos en esos títulos que pocos comercian en el mercado.
