Se trata de un área que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, creó una Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales.
La decisión fue comunicada a través de la Resolución 19/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Dicha unidad funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal y tendrá por objeto “coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional ya sea que afecten la flora, fauna, suelo, aire, aguas y/o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional”.
Además, recolectará y sistematizará información sobre delitos de esta índole, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales; desarrollará indicadores y elaborará informes que sirvan de insumo para el trabajo de una Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales.
Por otra parte, estará a cargo de la elaboración de un mapa de situación, a fin de detectar “zonas calientes”, individualizando los delitos por zonas con la finalidad de proponer medidas tendientes a la prevención de los ilícitos ambientales. Tambien realizará la coordinación del intercambio de información existente entre las áreas competentes en materia ambiental de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para la generación de indicadores de alerta temprana respecto de la comisión de estos delitos.
Será la Secretaría de Seguridad y Política Criminal la encargada de designan al titular de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales, quien a su vez tendrá a cargo la conducción de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales.
La mencionada mesa estará integrada además por representantes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal; de la Dirección de Investigación de Delitos Federales; de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal; de las direcciones, departamentos y/o áreas especializadas en materia ambiental de las fuerzas federales; y de “todo otro personal de entidades estatales, nacionales o provinciales y/u organizaciones de la sociedad civil competentes en la materia cuya invitación se encuentre fundada conforme a la problemática tratada”.
Cada Fuerza Policial y de Seguridad Federal designará dos representantes, uno como titular, quien deberá tener un rango no inferior a Oficial Jefe o su equivalente dentro de la estructura jerárquica de cada Institución, y otro como suplente, que podrá tener un cargo inferior, se aclaró en la resolución publicada esta madrugada.
“Los integrantes de la MESA actuarán sin perjuicio de las tareas propias de sus respectivos cargos, y su designación no implicará el desempeño de funciones superiores ni importará erogación presupuestaria alguna”, se agregó.
“Los delitos ambientales afectan la preservación, conservación y recuperación de los recursos ambientales y de la diversidad biológica generando un daño que modifica negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos provocando un perjuicio en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”, planteó la cartera a cargo de Aníbal Fernández.
En ese sentido se remarcó que “es necesario contar con un espacio común de abordaje a la temática delictiva, con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos ambientales”.
“La importancia que posee dicha problemática obliga a abordarla en forma integral y conjunta, siendo necesario y vital el esfuerzo mancomunado de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”, justificó el Gobierno.
