Hay varios indicios de que 2023 puede ser una pesadilla para el proyecto de poder del gremialismo peronista.
Debutó con turbulencias el año en el que el sindicalismo peronista vivirá en peligro: la perspectiva de que tenga que discutir las paritarias con un corsé del 30% semestral sin garantías de que baje la inflación, como pretende el Gobierno, es el primer ejemplo de las enormes dificultades que presenta 2023. El otro es la fuerza de choque del Sindicato de Camioneros para ayudar al Gobierno a controlar los precios, una decisión controvertida que divide las opiniones entre los gremialistas: líderes de importantes organizaciones la rechazan y advierten que no sirve para frenar la inflación.
En la lista de escenarios inquietantes para los gremialistas hay que sumar el agravamiento de la fractura de la Confederación General del Trabajo (CGT), la batalla para tener más lugares en las listas electorales, la búsqueda de un candidato presidencial afín en el Frente de Todos y la perspectiva de un triunfo de Juntos por el Cambio en los comicios nacionales. Ante este cuadro, los dirigentes gremiales imaginan que 2023 puede terminar siendo una pesadilla para su proyecto de poder.
Esta conjunción de factores riesgosos para el poder sindical encuentra a su dirigencia sin capacidad de alcanzar una tregua para afrontar unidos esos desafíos. Lo que mejor representa hoy sus problemas es el flamante dilema salarial. Aunque Sergio Massa alienta una pauta del 30% para el primer semestre, con revisión en junio, para desacelerar el alza inflacionaria, la reacción de los gremialistas oscila entre la aceptación silenciosa y el rechazo a cualquier tope para las paritarias libres.
Hasta la propia CGT se muestra dividida respecto del nuevo techo salarial. El secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA), de muy buen diálogo con Massa, dejó sentada el viernes pasado su oposición al 30% de aumento semestral o al 60% anual que promueve el Gobierno: advirtió que “las paritarias son libres y soberanas de cada sector” y que “la CGT no acepta ningún techo ni intromisión de la política para que los salarios sean variante de ajuste”. Una postura distinta que la de Roberto Fernández, secretario de Medio Ambiente de la CGT, que como titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) está a punto de firmar un acuerdo del 31% por seis meses y le dijo al diario La Nación: “Tenemos que colaborar para bajar los costos y la inflación”.
No sorprendió la oposición de un filokirchnerista como Mario Manrique (SMATA), secretario Gremial de la CGT: “Para que el Estado me ponga un techo de paritarias me tiene que garantizar que los precios no se van a mover más allá de ese porcentaje”, resaltó el aliado de Pablo Moyano en el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona). El mismo dirigente del Sindicato de Camioneros, más cercano a Cristina Kirchner que a Alberto Fernández, está haciendo su aporte a la estrategia salarial de Massa al no atacarla frontalmente. No sólo eso: el hijo de Hugo Moyano puso un grupo de choque a controlar los precios en los supermercados tras reunirse con el secretario de Comercio, Matías Tombolini. ¿Será un indicio de que el moyanismo se acerca al proyecto político de Massa?
De todas formas, la clave para medir la suerte de la flamante pauta salarial del Gobierno la dará la Asociación Bancaria, el gremio más poderoso que arranca en enero la tanda de paritarias de cada año. En el último convenio, con un ojo puesto en la inflación, firmó un acuerdo trimestral y luego lo mejoró en marzo. Ahora, cerca de Massa creen que el líder del sindicato, Sergio Palazzo, enrolado en el kirchnerismo, aceptará un aumento semestral. Por ahora, el dirigente juega a no decir nada.
Curiosamente, el ministro de Economía no confirmó en público el tope salarial del 60%, pero sí lo hizo la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. “Que llame a la CGT y nos dé certezas”, desafió un jefe cegetista que está enojado por el techo para los aumentos salariales, algo que, en realidad, hacen todos los gobiernos. Sólo por eso hay dirigentes que buscarán acuerdos superiores al techo del 30% semestral.
Las paritarias 2023 son todo un desafío para los sindicalistas. Vienen de un año con 95% de inflación y acuerdos que, en general, fueron mejorándose con el correr de los meses y del alza del costo de vida. Si corrieron desde atrás el fuerte aumento de la inflación, ¿por qué aceptarían ahora apostar a convenios salariales a la baja sin garantías de que se cumplan las previsiones inflacionarias oficiales, que estiman que en enero, febrero y marzo rondará el 4 por ciento? Sólo podría tolerarse como aporte a la causa del Gobierno de serenar la economía. O para apoyar el proyecto político de Massa, quien se afianzará como el presidenciable de la mayoría de la dirigencia gremial si domestica la inflación.
El ministro de Economía puede ser la tabla de salvación en las elecciones de un sindicalismo que se aleja tanto del Presidente como de la Vicepresidenta ante la perspectiva de una derrota en las urnas. Y que le puede dar la esperanza, que hoy no tiene, de que quizá se reviertan los peores pronósticos. Esa expectativa positiva también podría brindársela algún gobernador del PJ que se anime a desafiar a Cristina Kirchner, como Sergio Uñac (San Juan), o un funcionario actual con perfil propio y sólidos lazos sindicales como Juan Manzur, quien ya tuvo una suerte de prelanzamiento con afiches callejeros que enigmáticamente dicen “Juan XXIII”, firmados por la agrupación La Rucci, que responde a Carlos Cisneros, diputado nacional del Frente de Todos por Tucumán y dirigente bancario.
Daniel Scioli es otro viejo conocido de los dirigentes gremiales que podría tener respaldo si decide postularse para llegar a la Casa Rosada. Son todos nombres que conforman más al sector no kirchnerista que controla la CGT, integrado por “los Gordos”, los independientes y el barrionuevismo. El mayor problema en este rubro lo tiene hoy el kirchnerismo sindical, que con Cristina Kirchner fuera de la carrera presidencial no tiene un candidato fuerte. Si decide competir, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los líderes de La Cámpora, tendrá el apoyo de esta fracción sindical en la que están el Fresimona de Pablo Moyano y Mario Manrique; la Corriente Federal de Trabajadores, entre cuyos miembros figuran Sergio Palazzo, Vanesa Siley (judiciales) y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa (curtidores), y la CTA que conduce el ultrakirchnerista Hugo Yasky.
Ese mismo combo sindical K no dijo nada cuando el gobernador Axel Kicillof avanzó contra el Sindicato de Peajes con el pedido de cancelación de su personería a raíz del conflicto en AUBASA, empresa del Estado bonaerense. La excepción fue Pablo Moyano, que apoyó a su hermano Facundo como parte de una CGT que castigó con llamativa dureza al mandatario provincial: “Este tipo de decisiones atentan contra los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores del país, desconociendo lo establecido por la Constitución Nacional, en los Convenios OIT N° 87 y 98 y la Ley 23.551, y nada tienen que ver con la convivencia en un ámbito democrático”, afirmó.
Kicillof tuvo que ceder ante la ola de rechazos sindicales, que abarcaron, además de la CGT, a organizaciones como la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), la Unión de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) y las 62 Organizaciones. Si bien la empresa ya no pedirá que le cancelen la personería y se armó una mesa de negociación para sondear un acuerdo, el gremio que lideran Florencia Cañabate y Facundo Moyano cree que no hay avances y analiza otras medidas para oponerse a la reconversión “inconsulta” de los peajes bonaerenses.
Este conflicto es crucial para medir la reacción de un Kicillof que aspira a ser reelegido, pero que mostró reflejos antisindicales aun a riesgo de que se diluya su imagen de “peronista progresista”. “Ni Macri se animó a tanto”, le reprochó Facundo Moyano, un crítico del kirchnerismo que está poniendo en apuros a todo el espacio que lidera la Vicepresidenta apenas con un puñado de reclamos laborales.
El sindicalista de los peajes, que crece en las filas sindicales más que su familia (apadrinó en Mar del Plata a dirigentes que ganaron las elecciones en Gastronómicos y en la UTA), es el mismo que desde 2020 sostiene que, con un 40% de trabajadores no registrados, hay que “modificar la legislación laboral” en medio de una sugestiva indiferencia de sus colegas gremiales y dirigentes peronistas.
Resulta evidente es que la familia Moyano tiene hoy dos caras: la de Pablo, asociada con la violencia, los bloqueos y las patotas, y la de Facundo, vinculada con un estilo sindical muy distinto, tanto que hasta le planteó al propio peronismo un tema tabú: discutir una legislación “sagrada” que fue pensada para otra Argentina y que, a esta altura del siglo XXI, no da protección a quienes dice defender.
Algo similar le pasó a Antonio Aracre, el flamante jefe de asesores de Alberto Fernández: el ex CEO de Syngenta recibió ataques de todo tipo por parte de Pablo Moyano y de referentes del kirchnerismo cuando se animó a sugerir el debate de una “modernización laboral” sin tocar los derechos adquiridos de los trabajadores y sólo pensando “en que los muchos millones de argentinos que hoy tienen un trabajo informal y precario puedan acceder a uno que les garantice una obra social, jubilación y paritarias sin que se modifiquen los derechos adquiridos del resto”.
¿Su “pecado” le costará no asumir en su puesto cuando vuelva de sus vacaciones, a fines de mes? El Presidente ya lo respaldó en forma indirecta: el empresario publicó este viernes en Twitter una foto en la que está con Alberto Fernández en la Casa Rosada. “Terminando la semana con el presidente @alferdez, definiendo la agenda para el primer trimestre. Me pidió darle forma a un amplio acuerdo con gobernadores y jefes de bloque del oficialismo y la oposición y ONGs que le dé marco a la aceleración del desarrollo del norte y sur de la Argentina”, escribió Aracre. Nadie sabe si en esa agenda sobrevivirá el debate sobre la modernización laboral. Parece imposible en medio de la campaña.
Hay quienes hacen planes para el futuro. Un poderoso sindicalista tiene acordado con los empresarios una flexibilización del sistema indemnizatorio, a través de su convenio colectivo, para intentar la creación de más fuentes de trabajo. No se anuncia ahora porque temen ser atacados por el kirchnerismo y muchos de sus colegas más atados al rígido corset ideológico del PJ, pero prevé oficializarlo con bombos y platillos si el próximo presidente es de Juntos por el Cambio.
Es que la tan demonizada reforma laboral se termina produciendo de hecho cuando, como hoy, crecen más los monotributistas que los trabajadores formales. Por eso los dirigentes más pragmáticos ya están pensando que si hay un cambio en la Casa Rosada podrán blanquear una obviedad: la necesidad de generar empleo debe pesar más que los viejos rótulos del establishment político-sindical. De la misma forma, es más importante atacar los motivos por los cuales hay inflación que apelar a una fuerza de choque de Camioneros para escenificar una batalla contra el aumento de los precios.
