La interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, disolvió el área en 2020.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) planteará al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, la reactivación del Departamento de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), desmantelado en junio 2020, por decisión de la interventora María Laura Garrigós de Rébori. En 2021, la jueza María Servini había cuestionado duramente esa determinación al denunciar a la extitular de Justicia Legítima y al ministro por obstruir una investigación en una causa de drogas.
La entidad que nuclea a 700 jueces nacionales y federales proyecta poner esa idea sobre las mesas de diálogo que su titular, Marcelo Gallo Tagle, sugirió crear al Gobierno, durante una reunión con ministro de Seguridad Aníbal Fernández, tras el ataque a balazos a un supermercado de la familia Roccuzzo y la amenaza narco a Lionel Messi.
La disolución de la División de Inteligencia, también conocida como “Unidad 50″, tomó estado público en mayo de 2022 cuando Servini denunció a Soria y Garrigós de Rébori. La jueza había pedido investigar, en septiembre de 2021, un caso en el que se sospechaba que se comercializaba droga en el Pabellón Universitario del Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, en Devoto.
Desde el SPF le respondieron carecían de facultades para investigar debido a que no contaban con un organismo que pudiera hacer las tareas encomendadas.
“Habré de destacar con vergüenza que a casi un año del inicio de las actuaciones y por inacción de las autoridades requeridas, la presente investigación se encuentra en el mismo estado que comenzara. Dicha circunstancia me permite concluir que, sin perjuicio de los numerosos intentos por parte de esta sede de tratar de acreditar y corroborar los extremos denunciados, existió una clara obstrucción que deberá ser investigada y que, en definitiva, se ve reflejada tanto en la falta de celeridad para actuar, como así también en la publicidad que tomó esta investigación, que debió haber sido de carácter reservada”, escribió la jueza en la resolución.
La decisión de disolver el Departamento de Inteligencia Penitenciario fue tomada por el Gobierno luego de denunciar a la gestión macrista por el presunto uso de esa división para realizar espionaje ilegal de empresarios, dirigentes y exfuncionarios kirchneristas detenidos por corrupción.
La preocupación de la Asociación de Magistrados gira en torno a la cantidad de delitos que se encargan desde las cárceles, incluso, amenazas de muerte contra funcionarios judiciales. El planteo va en sintonía con el informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, sobre la actividad de los capos del narcotráfico en los penales bajo la órbita del SPF.
El documento, presentado por primera vez en octubre de 2021, puso de manifiesto que al menos 19 jefes narco seguían dando órdenes desde prisión. Por esa razón, la PROCUNAR solicitó medidas urgentes. A la fecha, no hubo respuesta.
Días atrás, el procurador Eduardo Casal reiteró el pedido con un informe actualizado en el que se mencionan métodos de los capos para continuar al frente del negocio: celulares, encomiendas, cartas postales, reuniones familiares, llamadas de seis horas y capacitaciones online. La presentación también alertó sobre la posible connivencia de los agentes penitenciarios en la trama.
Este viernes, una investigación de la PROCUNAR, la fiscal Cecilia Incardona y la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal frustró la fuga de uno de Esteban Alvarado del penal de Ezeiza. El narco se comunicaba vía WhatsApp con sus cómplices.
A mediados de febrero, la Asociación de Magistrados había expresado su preocupación por las amenazas de muerte que recibieron jueces y fiscales de Santa Fe que tienen causas contra el narcotráfico y le reclamó al gobierno local y al nacional que se garantice su seguridad.
“Instamos enérgicamente a las autoridades nacionales y provinciales a que adopten todas las medidas conducentes, no sólo para prevenir cualquier episodio que pueda llegar a resultar lamentable y que derive en responsabilidad internacional del Estado Argentino, sino para hacerlos cesar de manera inmediata, identificando a sus posibles autores a los fines de que los tribunales que correspondan determinen sus eventuales responsabilidades penales”, sostuvieron a través de un comunicado el presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle, y el secretario general, Marcelo Peluzzi.
