Los legisladores recibirán nuevos testimonios por las denuncias de irregularidades de la obra social del Poder Judicial y volvieron a convocar al exdirector de ese organismo, Aldo Tonón, quien no asistió a la última citación.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación convocó a una nueva reunión el próximo martes en la que recibirá testimonios por las denuncias de irregularidades de la obra social del Poder Judicial y citó al exdirector de ese organismo, Aldo Tonón, quien no asistió al último llamado.
Las denuncias sobre irregularidades en la obra social del Poder Judicial es otro de los temas que utiliza el oficialismo para fundamentar el proceso de Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema, además de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, los fallos del 2×1 y la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura.
La Comisión, presidida por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, citó a nuevos testigos para el próximo martes a las 13 horas y convocó otra vez a Tonón, quien no declaró la última vez alegando -a través de una carta- que no se expresará debido a que tiene causas en la Justicia. Su testimonio ante los legisladores “podría vulnerar y violar la garantía en el texto del articulo 18 de la Constitución Nacional”, explicó y por ese motivo pidió que se lo “exima de declarar”.
Además fueron llamados el docente universitario, Gustavo Montanini; el secretario letrado del Máximo Tribunal, Sebastián Clerici; el prosecretario letrado de la Corte, Enrique De Vedia; el médico legista, Enzo Canónaco; y las afiliadas Valeria Díaz y Laura Ambrosio.
La OSPJN presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema de Justicia. La comisión de Juicio Político busca comprobar si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si a consecuencia de la no designación de esas personas se incumplió con la habilitación estatutaria para la delegación de firma, informaron fuentes de la Cámara Baja. Además, se investiga una supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre irregularidades en la registración contable.
En este marco, la Comisión tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentó Elisa “Lilita” Carrió contra Ricardo Lorenzetti por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social”, y su “incidencia” ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.
El kirchnerismo avanza en su embestida contra la Corte poniendo el foco en torno a la conducta de los cuatros ministros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Lorenzetti, y su presidente Horacio Rosatti, a quienes se acusa de mal desempeño de sus funciones.
Este jueves Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda firmaron una acordada para desplazar al administrador de la Corte, Daniel Marchi, por un informe sobre la obra social del Poder Judicial. En disidencia votó Lorenzetti.
En la resolución se dispuso el traslado de Marchi a la Cámara Federal de la Seguridad Social y en su lugar se designó de manera transitoria al actual titular de la Secretaría Judicial Nro. 1, Damián Ignacio Font. Además, se le hizo saber a la Cámara de la Seguridad Social que una vez que Marchi cese en su cargo deberá abstenerse de cubrir la vacante y el cargo deberá retornar a la Corte.
El miércoles llegó al Máximo Tribunal un pedido de la Comisión de Juicio Político donde se le solicitaba a Rosatti que envíe las sucesivas auditorías que hizo Marchi sobre la obra social del Poder Judicial. A raíz de ese pedido, Marchi le envió una nota a Rosatti donde le señaló los diferentes informes que él presentó indicando, además, que de esos informes solamente uno fue publicado y el resto permanece guardado sin que se den a conocer públicamente. En esa nota, el ex administrador le dijo a Rosatti que de acuerdo con el pedido hecho desde el Congreso debería enviar todos esos informes -el publicado y los que están sin publicar- a la Comisión de Juicio Político. A partir de ahí, la suerte del contador pareció quedar sellada.
