Alejandro Staffa, Decano de la UTN, habló con Primero Bahía sobre el comunicado que emitieron por las Universidades Públicas.
«El comunicado fue redactado por el CIN, que reúne a 56 universidades nacionales, y han consensuado este comunicado donde defienden las universidades públicas y su vida política desde el retorno de la democracia con un crecimiento importante, sostenido, que ha permitido que distintas clases sociales puedan acceder a las universidades y graduarse, lo mismo ocurre con el sistema científico, muchos dependen del mismo. En un tiempo donde se anuncian muchas inversiones en energía hacen falta técnicos, ingenieros y demás y esto es posible gracias a que se gradúen en la universidad», comenzó diciendo el Decano.
Además consideró que «seguramente no, hay leyes nacionales, la ley superior es de 1995 y fue inclusive ratificada y modificada en 2015 y se declara como derecho humano, la gratuidad, entiendo que tendrá un tratamiento parlamentario, pero reducir la inversión pública y no ver los beneficios que tiene pasaríamos a un sistema donde el que pueda pagar tendrá acceso y el que no se verá restringido a ese derecho, creo que en eso si uno vería otras propuestas de bajar el gasto público es la idea de bajar el presupuesto en educación y ciencia».
«La universidad intenta incluir lo más que puede, se trata de incorporar más sectores sociales, vivimos en una sociedad en crisis y las personas no pueden culminar con eso objetivo, se trata desde la universidad generar títulos medios que tengan salida laboral, cualquier persona que pasa por el sistema universitario ha tenido una mejora en su calidad de vida y en respuesta social, tratamos de formar a una persona íntegramente, en valores, tolerancia, conocimientos, y hoy los vemos puestos en duda cuando hace 135 años que se tiene educación gratuita, se han aportado profesionales que ayudan a la sociedad», dijo Staffa.
Para cerrar refirió que «Creemos que estamos cumpliendo un rol muy importante y bien, tratando de aportar en ciencia y tecnología, buscando nuevas herramientas para formar profesionales, trabajando con diferentes universidades para generar una red que de respuestas. Se está haciendo un buen trabajo entre las tres universidades públicas».
«Un estudiante lo ha medido por el CREEBBA y para un estudiante que no es de las ciudad le cuesta 180 mil pesos sin alquiler, así que estaríamos pensando en un monto superior a los 200 mil si ocurre la privatización. Lamento los comentarios, creo que quienes asumimos una responsabilidad fuimos elegidos por nuestros pares, en un marco legal, donde hemos asumido el compromiso de defender la universidad pública, nadie puede considerar algo malo que salgamos a defender esto, llamo a las personas que opinan distinto a que revean su opinión».
