Tras el retiro de la ley ómnibus del Congreso el esquema de actualización seguirán siendo el que rigió durante el gobierno de Alberto Fernández hasta que se apruebe otra ley.
La fórmula de actualización trimestral jubilatoria otorgaría a los haberes un aumento menor al 30% a pagar en marzo, ante una inflación que habría acumulado casi un 80% desde diciembre hasta fines de febrero. De esa forma, el piso de los ingresos jubilatorios sin bono sería cercano a los $137.000. El Gobierno aún no confirmó si pagará una suma extra y de no hacerlo, quienes cobran la mínima terminarían por cobrar menos que en febrero.
Con esa suba, que surge de la ley de movilidad que sigue vigente tras la caída de la ley ómnibus en el Congreso que pretendía derogarla, las jubilaciones tendrían un ritmo de actualización muy por debajo de la inflación acumulada en los últimos meses. Según estimaciones privadas, el poder de compra de los haberes quedará en niveles mínimos desde 2002. En enero y febrero el Gobierno pagó bonos de 55 mil pesos a quienes cobran la mínima.
El gasto previsional no es un tema menor en el plan de ajuste fiscal que busca llevar adelante el ministro de Economía Luis Caputo. A priori, el programa de déficit cero que planteó el jefe del Palacio de Hacienda buscaba, por esta vía, un ahorro de 0,4% del Producto Bruto, de los 5 puntos porcentuales que necesita para llegar al equilibrio financiero en el primer año de mandato del gobierno libertario.
La Ley de Movilidad Previsional que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec. En ese contexto, la fórmula jubilatoria daría a los haberes que paga el Anses un aumento automático a pagar en marzo de 29,8%, según estimó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
La razón por la que la actualización es mucho más lenta que la inflación es el rezago de los parámetros que dan como resultado. “Para la actualización de marzo, por ejemplo, se toma en cuenta la variación de los salarios y de los ingresos tributarios de Anses entre septiembre y diciembre. En el mejor de los casos, por tanto, los haberes podrían subir en torno a 35% en marzo con una inflación que en el trimestre diciembre-enero-febrero podría acumular 76%”, había especulado hace algunas semanas la consultora PxQ.
Los haberes no serían los únicos que tendrían esa variación en marzo. En la actualidad, la fórmula se aplica para el ajuste también de pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados a través de la Anses, tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
Con su diseño actual, la fórmula rige desde 2021, tras la modificación impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández sobre lo sancionado en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri. En ese caso, la fórmula se regía en un 70% en base a la inflación y el 30% en base a los salarios.
El Gobierno intentó derogar la fórmula creada por el gobierno anterior. Primero, con un artículo para eliminar el esquema y luego, tras negociaciones con bloques opositores, con el establecimiento de una fórmula que desde abril actualice las jubilaciones de acuerdo al último dato oficial de inflación que se conozca al momento de cada pago mensual. La iniciativa naufragó en el parlamento y quedó firme la movilidad vigente.
El interés particular que tenía el Gobierno sobre un cambio en la fórmula jubilatoria es de orden fiscal. Por cómo estaba prevista la implementación del nuevo esquema, los primeros meses del año hubiesen representado un recorte en términos reales del gasto previsional mucho más alto que con la fórmula que sigue vigente. Así lo estimó un informe de Analytica.
“El pago de marzo contemplará la recaudación tributaria del último trimestre de 2023 y los salarios de diciembre, tomando parcialmente el efecto del salto inflacionario por la devaluación. Mientras que en abril, con la nueva fórmula, se tendrá en cuenta la inflación de febrero. Por tanto, los haberes no incorporarán la fuerte aceleración de precios ocurrida en diciembre y enero”, plantearon.
“En un primer momento el Ministerio de Economía indicó que buscaba una baja del gasto previsional de 0,4 puntos del PIB respecto a 2023. Según nuestras estimaciones, la licuación de haberes durante el primer trimestre y el ajuste mensual desde abril, resultará en una reducción de la partida de jubilaciones y pensiones cercana a 1,3 puntos del PIB”, estimó Analytica.
De todas formas, esa iniciativa cayó junto al resto de la ley ómnibus. Todavía no hay precisiones por parte del Poder Ejecutivo sobre si habrá un nuevo proyecto en el Congreso cuando se inicie el período de sesiones ordinarias en marzo. Caputo sugirió que el oficialismo, en diálogo con bloques opositores, habrían avanzado en esa dirección en las últimas semanas.
Por lo pronto, la licuación del poder de compra de las jubilaciones fue muy pronunciado en los primeros dos meses de gobierno de Javier Milei. Un informe de la consultora Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino). “El monto (de las jubilaciones mínimas) en diciembre del 2023 es inferior al promedio de todo el 2023 y se ubica cerca del menor valor que tuvo en el siglo que fue el del 2002. Dado que las jubilaciones se ajustarán recién en marzo del 2024, suponiendo que la inflación en enero sea aproximadamente del 20%, el valor real de las jubilaciones en enero 2024 será el equivalente a $88.094 a precios de diciembre 2023. En febrero seguramente se ubicará por debajo del valor real que tenían en el 2002. Es decir, en febrero, las jubilaciones tendrán el menor valor real del siglo 21″, midió Idesa.
