A través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial se dispuso la suspensión de aportes al organismo.
La “motosierra” de Javier Milei llegó al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). El Gobierno oficializó este martes la baja de contratos y una serie de recortes en el presupuesto del organismo.
A través de la Resolución 16/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo suspendió “la realización de toda erogación económica vinculada a apoyos y aportes institucionales” y “la realización de todo apoyo económico destinado a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La medida dispone que “las contrataciones de locación de obra y las contrataciones de obra por especialidad (monotributistas) del Organismo con vencimiento el 31 de marzo de 2024 no serán renovadas”. “Asimismo, se establece la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones de personal bajo las modalidades mencionadas”, señala el texto.
El recorte incluye además, la suspensión en el pago de horas extras, la eliminación de los adicionales en concepto de Seguridad en todos los edificios del Instituto y también la suspensión de los viajes del personal, los gastos de telefonía celular, la compra de comida y el pago de traslados de sus empleados.
La resolución lleva la firma de Carlos Luis Pirovano, un economista ligado al PRO, asesor de Milei y de Federico Sturzenegger con nula experiencia en el mundo del cine, pero que fue designado con el objetivo de implementar el plan de ajuste dentro del organismo.
“En concordancia con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia declarada, la máxima autoridad del Instituto entiende que resulta necesario tomar medidas tendientes a racionalizar y eficientizar el Organismo”, se mencionó en los considerando del texto publicado en el Boletín Oficial.
“Es menester propiciar una gestión eficaz en la asignación y administración de los recursos públicos”, se agregó y se remarcó como “imprescindible” adoptar medidas “que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas”.
“Resulta indispensable actuar de manera urgente y hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar mayores perjuicios económicos para el Organismo”, justificó Pirovano.
En una reunión que habían mantenido el martes de la semana pasada los delegados gremiales del INCAA con el director designado por el gobierno, les habían comunicado que no se reincorporaría a la gente ya despedida -unos 90 trabajadores estables y más de 80 que eran tutores de los proyectos presentados- que habría nuevos despidos, que se iba a cerrar la plataforma digital y audiovisual Cine.ar, que se iba a clausurar y a poner en venta el cine Gaumont – se encuentra a unos 200 metros del Congreso de la Nación- y que se iban a desfinanciar festivales como el de Mar del Plata.
El INCAA depende de la Secretaría de Cultura que conduce Leonardo Cifelli, que a su vez está bajo el ala del ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello. Posee 645 empleados y unos 500 son de planta permanente. Sus actividades se financian, en gran parte, a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, que incluye impuestos a la cultura: uno es el 10% sobre el precio de las entradas de espectáculos cinematográficos en todo el país, otro es el 10% sobre el precio de venta o locación de videogramas grabados y además, recibe un porcentaje de la facturación bruta por publicidad en los servicios de comunicación audiovisual y porcentajes de las películas que se reproducen en el sitio Cine.ar.
Así como ocurrió en otros organismos que el Gobierno pretende sanear y achicar sus gastos, como el SENASA y la agencia estatal de noticias, Télam, por citar dos ejemplos, en el Instituto del Cine analizan implementar retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, revisión de concursos y reestructuración de algunos sectores.
Sabiendo de esta situación, el sindicato ATE Capital convocó para este miércoles una asamblea general en el Centro Cultural Kirchner. Definen las últimas decisiones del Poder Ejecutivo como “una declaración de guerra al cine nacional”.
