El peluquero se declaró culpable de ocultarle bienes a la justicia y pactó un juicio abreviado.
Roberto Giordano fue condenado en la tarde de este miércoles a 3 años de prisión luego de aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado donde se lo acusaba de insolvencia fraudulenta. Es decir, esconder bienes adrede para que no sean embargados por la justicia. La sentencia fue firmada en la tarde de hoy por el juez Jorge Alejandro Zabala. Es válido recordar que el peluquero tiene ya una sentencia previa a dos años por una causa similar. Ese expediente está esperando aún confirmación de la Corte Suprema de Justicia.
“Lo que hizo Giordano fue, básicamente, crear una serie de empresas falsas y sellos de goma que puso a nombre de conocidos suyos, en su mayoría empleados sin capacidad financiera. Empresas que en realidad él manejaba desde las sombras. Es decir, usó testaferros. El objetivo fue esconder en esas sociedades fantasmas 17 bienes para evitar perderlos, ya que la AFIP lo estaba investigando y él lo sabía”, explicó una fuente en los tribunales del fuero penal económico.
Según la reconstrucción judicial, al verse acorralado por las requisas fiscales de la AFIP sobre su peluquería, que tenía bajo la sociedad ASPIL S.A., Giordano habría utilizado testaferros para crear empresas paralelas en las cuales él no tenía ningún tipo de responsabilidad en los papeles, pero que seguía dirigiendo en la práctica. A esas empresas, llamadas Nilamar S.A., Big Brands S.A., Arimis S.R.L. y Unidor S.R.L., entre otras, trasladó personal y sobre todo, bienes.
“Una vez que hizo todo eso, la empresa que él reconocía como propia, ASPIL S.A., quedó vacía, es decir, solo quedó el cascarón: sin empleados, sin bienes, sin absolutamente nada. Mientras tanto, seguía ahí acumulando deudas, no pagaba impuestos, evitaba abonar las cargas sociales. Si le hacían juicio, ya no tenía nada a su nombre, lo había pasado todo a las empresas truchas. Esa es la maniobra. La realidad es que es muy común que se haga esto solo que él lo llevó al paroxismo”, afirmó, una fuente que conoce los tribunales y, sobre todo, a Giordano.
Para entender el complejo entramado que realizó Giordano, y que se investigó durante más de 6 años hasta llegar a esta instancia de juicio abreviado, conviene repasar el procesamiento que sufrió el peluquero el 5 de junio del 2020, y en el que se explicó detalladamente el delito.
En total fueron 17 los bienes que el peluquero pasó de su empresa a las sociedades fantasmas manejadas por sus conocidos. Lo hizo a través de ventas a valores nulos, bajos o transferidos directamente a personas carentes de solvencia económica. Luego los desapoderaba de sus bienes en detrimento de sus patrimonios.
Cuando el peluquero tuvo la oportunidad de defenderse en indagatoria, desconoció esas maniobras. Dijo que era un simple empleado. Aseguró que las empresas falsas lo habían contratado a él y que no tenía ningún tipo de responsabilidad: “Las presuntas evasiones fueron llevadas a cabo por sociedades de las cuales yo no tengo ninguna participación societaria”.
“Debido a la inmensa cantidad de juicios laborales que tuve que afrontar y pagar, sumado a los bajos ingresos de la peluquería, decidí dejar de explotar los diversos salones y ofrecer mis servicios como asesor en marketing, profesor de peinado y cortes de cabellos a diferentes empresas. Mi beneficio económico era por ese asesoramiento. A su vez le vendí a esas sociedades mi nombre (marca) para que promocionen sus comercios. Por eso no es extraño que en los tickets aparezca mi nombre”, declaró Giordano frente al magistrado.
El juez no le creyó. Básicamente, porque en el expediente había una serie de pruebas que contradecían a Giordano en varios aspectos.
El magistrado construyó su hipótesis basándonos en eso: “Sin perjuicio de que Roberto Leonardo Giordano no integraba formalmente las empresas Unidor, Arimis, Big Bands y Nilamar era quien en los hechos dirigía y tomaba las decisiones inherentes al funcionamiento de aquellas, es decir era el verdadero responsable de la explotación de la cadena de peluquerías y que los cargos directivos de tales empresas se encontrarían ocupados a título formal por personas relacionadas con aquel”.
