Todo es expectativa en la Cámara de Diputados. A medida que el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal se demora en el Senado, tanto el oficialismo como los bloques de la oposición siguen con atención las modificaciones que seguramente se le harán al texto. Por estas horas justamente la cantidad y la profundidad de los cambios podrían marcar el futuro del proyecto que impulsó el Gobierno para llevar adelante su plan de reformas estructurales.
La Casa Rosada ya sufrió una primera derrota simbólica: ambas iniciativas no estarán aprobadas para el 25 de mayo, fecha en la que Milei planeaba firmar un pacto político con gobernadores y líderes partidarios. Con las negociaciones empantanadas, el Gobierno todavía no decidió hasta dónde cederá a cambio de lograr la aprobación.
En la Cámara de Diputados los libertarios aseguran que el plan es insistir con la redacción que obtuvo media sanción. Para eso necesitan empatar la misma mayoría que aprobó los cambios en el Senado. Es decir, si una modificación se aprobó con mayoría absoluta, se debe reunir la mitad más uno para insistir; si un cambio se aprobó con dos tercios, también deberá juntar dos tercios de votos (algo imposible en Diputados sin la colaboración de Unión por la Patria). Para lograr este objetivo tendrán que contar nuevamente con el apoyo de los bloques dialoguistas.
Sin embargo, miembros de la bancada que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni aseguran que los cambios que “por ahora” se vienen discutiendo son “pasables”, ya que no alteran el espíritu de la ley. El peligro es que una vez abierta la negociación la acumulación de modificaciones termine siendo indigerible para la Casa Rosada.
Por su parte, los dialoguistas (UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal) se inclinan hasta el momento por ratificar lo que venga del Senado. Destacan que muchas de las críticas ya habían sido señaladas en las disidencias parciales al dictamen pero que no pudieron imponerse en la votación por falta de consenso. Aunque también hicieron una salvedad: “No se puede adelantar un criterio ahora. Si hacen modificaciones tenemos que ver qué texto escriben. Por ejemplo, si cambian Ganancias hay fallos judiciales que cuestionan los beneficios geográficos”. El impuesto a las Ganancias casi con seguridad será modificado a pedido de las provincias patagónicas que pretenden una exención especial por zona desfavorable.
En tanto, el peronismo aún analiza su posición: aunque rechazaron el proyecto en su totalidad cuando pasó por Diputados, creen que algunos de los cambios hacen que la ley sea “menos mala” y sus votos podrían ser decisivos para evitar que se insista con la redacción original.
Este escenario también abrió un debate reglamentario ya que en las filas dialoguistas algunos plantean la posibilidad de aprobar parcialmente las modificaciones. Es decir, ratificar algunos cambios e insistir con la redacción original en otros puntos.
Los antecedentes son pocos, pero existen. Son seis y el último data de 2007; la mayoría ocurrieron a fines de la década del 90. Se basan en un acta “de interpretación de procedimiento” del artículo 81 de la Constitución Nacional firmada en 1995 por Alberto Pierri y Carlos Ruckauf, titulares de Diputados y del Senado, respectivamente. Esta estipula que “cuando un proyecto de ley vuelve a la Cámara de origen con adiciones o correcciones introducidas por la Cámara Revisora, podrá aquélla aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones, o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones que las realizadas por la Cámara Revisora”.
Aunque todavía no se tomó una decisión al respecto, algunas voces de la bancada libertaria ya advierten que esa interpretación es antirreglamentaria. “El artículo 81 es claro. No podemos hacer algo nuevo sacando un poco de un lado y quedándonos con otro poco. No podemos hacer un Frankenstein. El problema es que en el Congreso hay mucho de costumbre que va en contra del reglamento”, explicaron. Además, esa estrategia conspira contra la idea de insistir con el texto original a todo o nada.
Por otro lado, deslizaron que la ratificación parcial “solo le sirve a los radicales para ordenar todas sus internas”. Otros señalan que ese mecanismo no se volvió a usar porque su legalidad fue cuestionada judicialmente. “Una ley tan importante no puede quedar expuesta a que un juez de primera instancia la invalide por una cuestión de procedimiento”, reconocieron desde el sector radical más enemistado con el Gobierno.
Mientras tanto, el Gobierno sigue negociando para conseguir las firmas que le permitan sacar el dictamen de comisión algún día la semana que viene. Luego habrá que esperar siete días para llegar al recinto y allí la votación en particular -que aún no se sabe si será por capítulos como en Diputados- determinará el futuro del demorado proyecto ómnibus.
