El juez Ariel Lijo avanzó en la causa que investiga una serie de denuncias por “extorsión, amenazas y defraudación agravadas” que realizaron ciudadanos que tenían planes sociales y aseguraron que eran obligados a ir a movilizaciones. En las últimas horas, allanó las sedes de CTD Aníbal Verón, Movimiento Evita, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA, Confluencia Popular y MTL, en donde se logró secuestrar celulares y documentación que están bajo análisis. Hay muchos cuadernos que podrían ser claves y fichas de afiliación de Unidos Trabajadores de la Economía Popular, según trascendió de fuentes policiales.
Se trata de la investigación en donde se concentró una serie de llamados que se realizaron al número 134 del Ministerio de Seguridad, habilitado para que las víctimas de los “aprietes” formulen anónimamente esas denuncias. En el juzgado de Sebastián Casanello, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, hay una causa parecida en donde quedaron en la mira los movimientos del Polo Obrero y en donde esta semana fue indagado el dirigente Eduardo Belliboni.
Esa investigación se focalizó en los llamados que se hicieron en esa línea el 20 de diciembre pasado, día de la primera movilización contra el Gobierno. Pero los llamados se siguieron sucediendo en los días posteriores y por otras convocatorias y esas denuncias se fueron concentrado en el juzgado de Lijo. Ahí se derivaron ademas llamados de otros puntos del país. Se intentó buscar individualizar a quiénes hicieron esos llamados. Al menos diez de esas personas confirmaron en tribunales los aprietes que contaban en esas comunicaciones y se hicieron distintas medidas.
El miércoles se libraron 14 órdenes de allanamientos. El departamento Delitos Fiscales de la Dirección General de Investigación de Delito Complejo de la Policía Federal realizó los procedimientos: uno tuvo lugar en el primer piso de la calle Iguazú 622, de CABA, donde funciona un bachillerato para adultos y un centro de reunión relacionado al Movimiento Territorial de Liberación.
Pero también estarían allí las oficinas administrativas de la agrupación MTL. En el segundo piso de ese edificio también se allanó la sede donde se le secuestró un celular a una ciudadana chilena que estaba allí y referente de la agrupación. También se llevaron un cuaderno con anotaciones, chequera y tarjetas personales de diferentes entidades y personas que guardan vinculación con la presente investigación.
Otro procedimento se hizo en la calle Testa en la localidad de Guernica, en el partido de Presidente Perón, donde funciona la agrupación política relacionada al concejal Victor Rengifo. Y en la calle Santa Fe, de la misma localidad.Buscaban a una mujer del partido, pero sus familiares dijeron que ya no vivía ahí y no hablaban con ella.
En la zona de Tristán Suárez también se allanó el merendero Junior, perteneciente al Movimiento Evita. Ahí se secuestraron dos teléfonos celulares. En Ingeniero Budge se procedió a allanar el merendero Néstor Kirchner y el domicilio de su referente, Selma Isabel Ávalos, en Ingeniero Budge. Ahí se logró incautar documentación vinculada con las cooperativas, concretamente fichas de afiliación de la Unidos Trabajadores de la Economía Popular.
Hubo además allanamientos en San Justo: en la sede central de la agrupación “Unidad Carrillo” del PJ, de la calle Hipólito Yrigoyen. Y en la localidad de Sarandí en la casa de Marcela Isabel Molina, relacionada a una de las agrupaciones sociales investigadas. Su celular fue secuestrado.
En Rafael Calzada, en. tanto, se allanó un depósito correspondiente a la agrupación social Confluencia Popular. Allí se incautó un teléfono celular y gran cantidad de cuadernos universitarios con anotaciones y planillas de asistencias de relevancia investigativa, señalaron los investigadores.
La lista de los procedimientos avanzó en Pablo Nogues: en el lugar donde funcionaba durante los años 2021 y 2022 un merendero relacionado a la agrupación Barrios de Pie – Libres del Sur. En la actualidad, en el inmueble reside la referente del mismo, que hoy dijo se dedicaba a otra actividad. Se procedió a secuestrar su teléfono.
El juez ordenó allanar las oficinas administrativas del Movimiento Evita y las cooperativas La Esperanza y Evita Pueblo, en Maquinista Savio, donde se incautaron 78 carpetas y biblioratos con fichas, planillas, facturas, recibos identificados como Cooperativa La Esperanza y Cooperativa Evita Pueblo. En Malvinas Argentinas hubo un procedimiento en una casa que en el pasado funcionó el merendero Pocho y Dani, relacionado a una de las agrupaciones investigadas. También se llevaron documentación que puede ser de interés para la causa.
A partir de ahora se comenzará analizar todo el material secuestrado y a la espera del análisis de los teléfonos para evaluar los próximos pasos a seguir
