La Comisión de Legislación del Trabajo comenzará a definir este martes la agenda de proyectos que apuntan a garantizar la transparencia y la democratización de los gremios.
Mientras todavía no se reglamentó la reforma laboral de la Ley Bases, comienza un incipiente debate en la Cámara de Diputados sobre nuevos cambios en la legislación del trabajo: esa posibilidad quedará insinuada a partir de este martes, a las 11, cuando delibere la Comisión de Legislación del Trabajo para ordenar la agenda de proyectos con estado parlamentario que proponen modificaciones en las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales.
Aunque será difícil que haya acuerdo entre los distintos bloques, en la discusión se pondrá a consideración el tratamiento de 26 proyectos de ley para empezar a tratarlos. Una abrumadora mayoría de las iniciativas son impulsadas por el PRO y de la UCR, además de la Coalición Cívica y parte de Hacemos Coalición Federal, pero curiosamente ninguna lleva lleva la firma de los libertarios. La única excepción es Rocío Bonacci, de La Libertad Avanza, que acompaña el proyecto que promueve Verónica Razzini, del PRO, ex titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), la más activa en empujar para que haya más cambios que limiten al poder sindical y favorezcan a las pymes.
Otra curiosidad es que hay un solo proyecto de diputados de Unión por la Patria, presentado por Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Claudia Ormachea y Rosana Bertone, entre otros, que apunta a blindar la protección que brinda la tutela sindical ante despidos con justa causa de los representantes gremiales en los casos que “se verifique la existencia de peligro para las personas o bienes de la empresa”, algo que surge de la aplicación del decreto 467/88, que modifica la Ley 23.551.
“La idea es que en la reunión de comisión cada diputado presente su proyecto y luego habrá que empezar a trabajar los consensos para lograr su tratamiento”, afirmó un legislador opositor a Infobae, aunque admitió que lo más probable es que el tema no se agote en la reunión de este martes.
Entre los proyectos promovidos desde el PRO y la UCR figuran muchos puntos que quedaron afuera de la modernización laboral incluida en la Ley Bases, a partir del acuerdo con la CGT para eliminar 42 artículos de su versión original, como la transparencia en el manejo de los fondos de los gremios, la democratización sindical, los aportes sindicales y las cuotas solidarias, entre otros puntos.
Uno de los proyectos es de María Eugenia Vidal (PRO), acompañada por Cristian Ritondo, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro y Diego Santilli, entre otros, en el que se plantea la obligatoriedad de que los dirigentes sindicales presenten regularmente declaraciones juradas patrimoniales y la limitación de los mandatos a 4 años, con el derecho a ser reelegidos por una única vez.
Otro, presentado por Martín Tetaz (UCR), junto con diputados de distintas bancadas como Sabrina Ajmechet, Fabio Quetglas, Margarita Stolbizer y Carla Carrizo, entre otros, apunta a la democratización de los sindicatos y de las obras sociales, con medidas como la derogación de la reelección perpetua, la limitación de los mandatos y la inclusión de las minorías en los órganos deliberativos y directivos de los gremios si en las elecciones alcanzan al menos el 25% de los votos de sus afiliados.
Verónica Razzini (PRO), por su parte, impulsa un proyecto de ley que replica el contenido de la reforma laboral incluida en el DNU 70, junto con Gabriel Chumpitaz, Alejandro Bongiovanni. Ricardo López Murphy, Martín Yeza y Damián Arabia, entre otros. En el texto figuran el artículo que suprime las cuotas solidarias, el recurso para financiar los gremios mediante aportes de todos los trabajadores de una actividad, afiliados o no, finalmente excluido de la Ley Bases, y otros puntos como la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales como la educación y el transporte, y los cambios en el régimen del teletrabajo.
La iniciativa de la diputada y empresaria santafesina también contempla un artículo suprimido en el DNU que propone incorporar en el Código Penal duras sanciones contra los bloqueos sindicales a las empresas: “Será reprimido con 3 a 6 años de prisión quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Si la acción se desarrollare simultáneamente sobre diversos locales o sucursales del mismo comercio, industria o establecimiento, la pena será de 4 a seis 6 años de prisión”.
Por su parte, Mónica Frade (Coalición Cívica) promueve un proyecto en el que se establece la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para “controlar la rendición de cuentas de los fondos sindicales” y el cupo femenino del 30% en las conducciones de los gremios, además de la limitación de los mandatos a 4 años y la presentación de declaraciones juradas patrimoniales.
En la iniciativa impulsada por Silvina Giudici (PRO), acompañada por Cristian Ritondo, Laura Rodríguez Machado y Hernán Lombardi, entre otros, la novedad es la inclusión entre los derechos de los trabajadores de “acceder a toda información sindical”, en alusión a “todo tipo de documento o de datos contenidos en documentos, en cualquier formato, y que la asociación sindical a la cual el trabajador peticionante encontrare afiliado generare, obtuviere, transformare, controlare o custodiare”.
Además, propone que “en los procesos de compras y contrataciones, las asociaciones sindicales deberán implementar programas de integridad y transparencia, consistentes en reglas y procedimientos claros y públicos y por acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, a fin de brindar un uso racional y eficiente de sus recursos”.
Héctor Stefani (PRO) presentó 3 proyectos de ley en materia laboral, uno de los cuales impone la “ficha limpia gremial”, es decir, la imposibilidad de que los dirigentes condenados por diversos delitos integren los órganos directivos ni otro tipo de cargos en ningún tipo de asociación sindical.
En el caso de la iniciativa propuesta por Soledad Carrizo (UCR), plantea que los estatutos de los sindicatos deberán garantizar “la transparencia y la prevención de la corrupción en el desarrollo de sus fines y actividades”, “la alternancia de los miembros de los órganos de dirección y administración, limitando su reelección indefinida; el acceso a la libre información pública en conformidad con la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, y “el establecimiento de un código de ética o conducta para sus afiliados y miembros de los órganos de dirección y administración”.
Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), por su parte, es autor de uno de los diversos proyectos que elimina las cuotas solidarias: “La convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la suscribió. Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes serán válidas sólo para los afiliados”.
