El fiscal Carlos Rívolo pidió analizar el celular de Alberto Fernández en la causa de los seguros.
A través de un escrito ante el juez Julián Ercolini —que investiga la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género—, pidió poder analizar las conversaciones que mantenía el expresidente con Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero.
El celular de Fernández fue secuestrado el viernes pasado junto a otros dispositivos como pendrives, durante el allanamiento del departamento de Puerto Madero.
Esta situación se dio en el marco de la causa en la que quedó imputado por «lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y amenazas coactivas».
Aunque la Justicia aseguró que solo buscará pruebas ligadas a la causa por violencia de género, el análisis del celular del expresidente podría sacar a la luz datos muy importantes sobre las relaciones que mantenía con empresarios y políticos.
Las acusaciones contra Fernández en la causa de los seguros
La causa empezó por una auditoría interna del actual gobierno de Javier Milei en la ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno de Fernández. En el expediente investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.
Además del expresidente, el juez Ercolini imputó a María Cantero, exsecretaria de Fernández, a su marido Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del expresidente, y al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por montar una maquinaria de supuesta defraudación al Estado a través del decreto 823/2021. Esa reglamentación exigió que los organismos del Estado contraten a esa aseguradora. Eso habilitó la segunda parte de la maniobra: la intermediación de los brokers que se quedaron con jugosas comisiones.
«Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras», dice el documento.
El caso tiene bajo a la lupa a 45 organismos oficiales que firmaron 25 contratos con la intermediación de asesores de seguros. En concepto de comisiones, durante todo el gobierno de Alberto Fernández se pagaron 3.453.302.770 pesos, unos 17 millones de dólares.
Martínez Sosa fue el segundo broker más beneficiado con el pago de comisiones: se alzó con 19 contratos por $ 366.635.744.
Al tratarse de organismos estatales, el juez Ercolini busca determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos, y que además cobraron elevadas comisiones.
El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras empresas el servicio que, por decreto del expresidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.
El análisis de los chats de Cantero y Martínez Sosa reveló que el broker visitó en varias ocasiones la quinta de Olivos y que incluso se entrevistó con Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales. Al parecer, se detectó que la exsecretaria hacía de nexo entre su marido y el entorno del exmandatario para avanzar en los acuerdos comerciales.
