La prohibición de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía se publicará mañana en el Boletín Oficial.
El gobierno nacional anunció que provincias y municipios ya no podrán incluir en las boletas de los servicios públicos tasas y recargos a través de una medida que se conocerá en el Boletín Oficial este miércoles, según anticipó el ministro de Economía Luis Caputo. El Poder Ejecutivo sostiene así su pelea contra los reajustes impositivos a nivel municipal que la semana pasada había denunciado en supermercados.
Fuentes del equipo económico especificaron que la limitación contemplará cuáles son los recargos incluidos en la boleta que le llega a cada usuario y no el cobro en sí de esos recargos, que la Nación no puede prohibir por tener, provincias y municipios, autonomía para este tipo de decisiones recaudatorias. La medida, entonces, busca “transparentar” ante el cliente cuál es el nivel de cobro de provincias y municipios por el servicios.
“Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañana en el Boletín Oficial, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.
El vocero presidencial Manuel Adorni incluyó también a los gobernadores dentro de esa medida anunciada: “Las provincias y los municipios ya no van a poder incluir impuestos ni tasas locales en las facturas de servicios”, escribió en su cuenta de X.
En una imagen de una factura de energía eléctrica del Municipio de La Costa que adjuntó a su mensaje en X, Caputo puntualizó -a manera ilustrativa- cuáles son los recargos impositivos muincipales que ya no podrán ser incluidos en el costo del servicio, entre ellos, tasas de seguridad e higiene, cuota social, Bomberos, una asociación cooperadora para un hospital y otras ordenanzas. Santiago Migone, funcionario de la Secretaría de Industria y Comercio, aseguró que “la resolución abarcará, además, a los impuestos provinciales no relacionados con el servicio”.
El conflicto por la suba de tasas municipales en distintas intendencias no es nuevo, y hay sectores puntuales como supermercadistas, bancos y representantes del mundo hotelero, entre otros, data ya de varios años, aunque volvió a estar en la discusión pública en los últimos días y el Gobierno nacional reaccionó con reclamos públicos y, ahora, con una medida puntual.
La cuestión recobró vigencia a partir del anuncio del intendente de Lanús, Julián Álvarez, de que subiría la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) a tres cadenas de hipermercados para ofrecerle exenciones o reducciones de alícuotas a más de 500 almacenes barriales.
A partir de septiembre, Lanús subió la TSH de 2,36% a 6% y generó una catarata de cuestionamientos no sólo de parte de los afectados, en este caso los supermercadistas, sino también del Gobierno Nacional, que ya venía estudiando el tema y analiza distintas estrategias para contraatacar las embestidas municipales.
El Ministerio de Economía está observando con detenimiento este incremento de tasas que están aplicando los municipios y en el área de Legales analizan qué estrategia adoptar. Lo dijo Caputo días atrás: “Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”.
Además, explicó: “Para que la gente lo entienda: las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado; y el monto, como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye. Las tasas en aumento no solamente carecen (en muchos casos) de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable. Esto se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores. Lo peor: cobardemente las Municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios, ajenas a ellas. Ya me he reunido con distintos actores involucrados en la problemática y estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre. La baja de la inflación es innegociable”.
