En las provincias están inquietos por el ajuste que volvió a pedir Javier Milei y se acumulan quejas por deudas de obra pública, cajas jubilatorias y el estado de las rutas.
Dos meses después de la creación del Consejo de Mayo, el “órgano colegiado y consultivo” que, según el decreto 617/2024 del 16 de julio debería elaborar proyectos de ley y ejecutar los actos administrativos para la implementación del Pacto de Mayo, aún no se designó a la mayoría de sus integrantes y el Gobierno no avanzó ni siquiera en la confección de un borrador.
Misma respuesta dieron desde una de las organizaciones principales del empresariado: “Nunca nos convocaron, no se movió más nada”. También contestaron en ese mismo sentido desde el Parlamento y entre los gobernadores. Según el decreto 617, después de la firma de Javier Milei y su hermana Karina y 18 jefes provinciales en la madrugada del 9 de julio, en el Cabildo de Tucumán, del acta de mayo con 10 puntos básicos a los que el presidente convocó en el inicio de sesiones ordinarias como un acto simbólico para generar agenda y negociar con las provincias la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal, debían designarse seis consejeros de cada uno de esos sectores “y empezar a funcionar dentro del plazo de 30 días a partir de la publicación” de dicha norma en el Boletín Oficial.
Con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como presidente del consejo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, es decir Sturzenegger, como consejero representante del Ejecutivo “ad honorem” -fue designado, también por decreto, el 8 de agosto pasado-, el Gobierno se distendió de un tema que, en verdad, no despertó nunca demasiado entusiasmo en ninguno de los sectores convocados.
Fuentes oficiales dijeron, por caso, que por ahora solo “están definiendo la conformación”.
Hace poco más de un mes, en uno de los pocos encuentros que los gobernadores de la ex coalición de Juntos por el Cambio mantuvieron con el Ejecutivo, Santiago Caputo, el asesor estrella de la Casa Rosada, planteó que debían avanzar para empezar a discutir las reformas tributaria y laboral, dos de los puntos de los diez incluidos en el acta firmada en la capital tucumana y que además contenía, entre otros, “la apertura comercial internacional”, “la reducción del gasto público” y la “inviolabilidad de la propiedad privada”, todos títulos rimbombantes.
Los jefes provinciales -en su momento circuló el nombre de Alfredo Cornejo como supuesto representante de ellos en dicho consejo- le explicaron al consultor que, antes que eso, había un largo listado de temas pendientes aun sin resolver. Nunca más, según las fuentes, volvieron a hablar del tema.
Los gobernadores están cada vez más inquietos, y si los más afines a la Casa Rosada no hicieron todavía oír sus reclamos a viva voz obedece, más allá de esa afinidad ideológica y política, a dos sencillas razones: a que, en un buen número, comparten electorado con el gobierno libertario, y a que publicitar una posición contraria al presidente no reditúa en público, al menos por ahora, por la popularidad que Milei todavía mantiene en buena parte de la sociedad.
Ayer, después de que en su poco convocante cadena nacional del domingo por la noche en la que presentó inéditamente, en persona y en el mismísimo Congreso, el proyecto de presupuesto para el 2025, y de que le pidiera a los gobernadores un ajuste en torno a los 60.000 millones de dólares, el malhumor entre los jefes provinciales se acrecentó.
El primero en hacerlo público fue Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, horas después del discurso presidencial: “Hicimos un esfuerzo mucho mayor al de Nación, más no se puede”. Fuentes provinciales resaltaron que, en estos días, el gobernador recibió una encuesta que arrojó una caída en la popularidad del jefe de Estado. Pullaro, por su parte, conserva altos índices en su imagen.
Ayer por la tarde, tras el discurso de Milei del domingo, Francos y los vicejefes Lisandro Catalán y José “Cochi” Rolandi; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, junto a otros colaboradores, mantuvieron durante dos horas una reunión virtual con casi una veintena de gobernadores y representantes de provincias para empezar a discutir el presupuesto del año próximo que estipuló un dólar en torno a los $1.207, un incremento del 5% del PBI y una inflación del 18,3% en un proyecto que, según el presidente, deberá tener sí o sí un blindaje del déficit fiscal a pesar del contexto macroeconómico.
En Casa Rosada, sentado en una punta de la mesa en un salón del Ministerio del Interior que conoció a la perfección durante cuatro años y que ahora ocupa Francos, Frigerio dijo a puertas cerradas, pero en línea con Pullaro, que los gobernadores no podían hacer más esfuerzos. El gobernador de Entre Ríos está especialmente inquieto por las deudas que el gobierno mantiene con su provincia, una preocupación que se extiende a todo el interior, sin distinción de partidos.
Hubo algunos gobernadores que plantearon temas puntuales. Caputo les avisó que, en todo caso, eso se analizaría, caso por caso, en reuniones bilaterales.
Es que los reclamos que arrastran las administraciones provinciales son comunes a todas las jurisdicciones: desde las deudas por las obras públicas que ahora fueron traspasadas a las provincias hasta las cajas de jubilaciones o la compensación por el consenso fiscal firmado durante la gestión de Mauricio Macri. También el remanente de los Aportes del Tesoro (ATN) que no se ejecutan durante el ejercicio presupuestario o el viejo reclamo por la coparticipación del IVA.
Hay, además, una queja que se manifiesta en muchas de las encuestas que se encargaron en algunas provincias, y que mantiene en vilo a un buen número de gobernadores. Se trata del estado de las rutas nacionales -también de las provinciales-, que en algunos casos es deplorable, que no tiene respuesta alguna por parte del gobierno central y que afecta, además, al transporte de carga.
Entre los jefes provinciales sobrevuela, en tanto, una información que, de confirmarse, podría alterar aún más los ánimos en plena negociación por el presupuesto: circula un trascendido que da cuenta de que nación no se haría cargo de las deudas y los certificados vencidos de las obras que fueron traspasadas a las provincias y que, en su mayoría, siguen paralizadas.
En las provincias aseguran que, con excepción de contadísimos casos puntuales, no hay ninguna respuesta en general para los reclamos. La interlocución oscila entre el Palacio de Hacienda y la Casa Rosada. Francos es un dialoguista validado por los gobernadores al que, sin embargo, muchas veces se le agotan las respuestas por el férreo control de Milei y el ministro de Economía de los recursos y que, para colmo, entra y sale del sistema de toma de decisiones. Su internación de hace dos fines de semana en una clínica porteña incrementó los rumores, a pesar de que el propio jefe de ministros respondió este domingo que nunca había pensado en renunciar. Después del discurso del presidente en el Congreso, Francos cenó en Olivos junto a su mujer, José Luis Espert y su esposa, y el jefe de Estado y Amalia “Yuyito” González.
Santiago Caputo también es otro de los colaboradores presidenciales que tiene un trato muy fluido con las provincias. Con algunas, un vínculo más que especial.
“El zoom de hoy fue insustancial”, concluyó frente a este medio uno de los gobernadores que participó del encuentro virtual de este lunes.
Vía zoom -Hugo Passalacqua, de Misiones, y Frigerio lo hicieron desde Casa Rosada- se conectaron Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Pullaro (Santa Fe), además de representantes de Corrientes, Neuquén, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires.
En este último caso, el encargado de conectarse al zoom fue el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, que reemplazó a Jorge Macri que, según fuentes de su entorno, no participó del encuentro porque está algo fastidiado con el trato intermitente que le dispensan desde la Casa Rosada.
Este miércoles por la mañana funcionarios de nación y de la Ciudad volverán a verse las caras en las oficinas de la Corte Suprema para tratar de saldar la discusión en torno a la modalidad del cumplimiento de la cautelar que el tribunal resolvió en favor de la administración porteña, en diciembre del 2022, por el recorte de la coparticipación de septiembre del 2020.
Con un semestre de demora, Milei cumplió. Pero Macri quiere que Caputo deposite el porcentaje que le corresponde, en torno al 2,95% del total, a través de un goteo diario establecido, como antes. Ahora, nación paga de acuerdo al fallo de la Corte, pero de manera semanal. El primo del ex presidente -no irá el miércoles, tampoco el ministro Caputo- busca que se rubrique un acta que establezca que ese pago no es voluntario. Es decir, que no se puede interrumpir de manera unilateral. El tribunal nunca estableció cómo debía hacerse el pago, y en el Palacio de Talcahuano creen que, al cumplir la cautelar el gobierno, ya no hay mucho más para discutir.
