Sólo el 7% rendía cuentas de los alimentos que recibían. Había “pre inscriptos” más de 40 mil.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo de control que depende de la Casa Rosada, auditará los comedores comunitarios y merenderos que durante el gobierno de Alberto Fernández se inscribieron en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM), que en su gran mayoría están relacionados con movimientos sociales o piqueteros. Según el último dato publicado por la anterior administración, había “pre inscriptos” más de 40.000. La gravedad no es que se hayan registrado lugares que nunca funcionaron como tales, sino que recibieran miles de kilos de alimentos y no asistieran a una sola persona necesitada. La comida se distribuía a través de organizaciones sociales y piqueteras.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció ante la Justicia que buena parte de los espacios preinscriptos en el ReNaCoM “no existían” y que aun así recibían alimentos que eran adquiridos con fondos del Estado a través del ex Ministerio de Desarrollo Social. Las auditorías internas de la cartera social determinaron que solo el 7% de los comedores que recibían los bolsones con alimentos rendían cuentas de la millonaria asistencia que obtenían para distribuir entre la población más vulnerable.
En la exposición que el 15 de mayo realizó el ex Jefe de Gabinete, Nicolás Posee, en el parlamento, aseguró que “en febrero del año 2024 se puso en marcha un relevamiento de los efectores que habían solicitado la inscripción al ReNaCoM, que actualmente se encuentra en curso” y, agregó que “entre el 7 de febrero de 2024 y el 5 de abril de 2024 se relevó un total de 2.193 espacios, de los cuales 1.161 pudieron ser identificados como comedores o merenderos (entre ellos, 12 comedores cuya existencia se verificó pero que no pudieron ser relevados y para los que se programó una nueva visita). Entre los 1.032 comedores que no pudieron ser identificados como tales, el 33% no funciona más como comedor o merendero; en el 25% de los casos, los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos); y en casi el 16% de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.
Según la última actualización en la página web del Registro Nacional de Comedores y Merenderos, había “preinscriptos 40.427 lugares”. De ese total, según le explicó a este medio Yanina Nano Lembo, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia -continuadora de la cartera de Desarrollo Social-, se “auditaron de manera presencial 3.385 comedores entre el 7 de febrero y el 17 de mayo”. De ese total, el 47,5% nunca funcionaron o dejaron de funcionar; y el 27% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos).
“Falencias en los programas”
Por pedido de Javier Milei, los organismos del Estado, a partir del 10 de diciembre de 2023, comenzaron a realizar sus propias auditorías, como fue el caso de Capital Humano. De manera paralela y a través del Decreto 126/2023, se instruyó a la SIGEN, a cargo de Miguel Blanco, a escanear secretarías y ministerios del Estado para realizar un diagnóstico de la “herencia recibida”. El ex Ministerio de Desarrollo Social fue uno de los más cuestionados. Se descubrieron “falencias en los programas, falta de un mapa nutricional, problemas en la asistencia a comedores, morosidad en la rendición de la Tarjeta Alimentar, metas sin alcanzar en el Potenciar Trabajo y deficiencias en los centros comunitarios”.
Según los documentos a los que accedió este medio, los informes de la Sindicatura General de la Nación entregados a la Jefatura de Gabinete advirtieron “falencias recurrentes en compras y contrataciones en el ex Ministerio de Desarrollo Social”, que estuvo a cargo, en el último gobierno, de Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
Entre las principales fallas se detallaron “la falta de un mapa de riesgo nutricional para comedores escolares en la Secretaría de Inclusión Social en el plan destinado a seguridad alimentaria”. También en comedores escolares y en la Tarjeta Alimentar en la cual se registró “morosidad en las prestaciones de las rendiciones de cuentas”.
El presunto desvío de alimentos de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social a “comedores fantasma” derivó en causas judiciales que se tramitan en Comodoro Py y que fueron presentadas por la subsecretaria Legal Leila Gianni y el director de Asuntos Jurídicos de Capital Humano, Ariel Romano. En el expediente que tramita en el juzgado de Ariel Lijo y la fiscalía de Ramiro González, se presentó un listado de esos lugares auditados “donde se pudo verificar cuáles no existían y la organización social a la que pertenece”. Allí consta que, por ejemplo, “las actas acompañadas -al juzgado- dan cuenta de la entrega de alimentos secos que estas organizaciones sociales recepcionaron”.
El escrito hace mención de varios formularios, entre ellos el de la organización LADETI – Asociación Civil Latinoamericana que retiró alimentos para varios comedores, como Los Angelitos. Según el remito de salida 56382, el 4 de agosto de 2023 del depósito de Villa Martelli salió un camión con 2.640 paquetes de fideos guiseros; 1.080 paquetes de harina de maíz; 1.700 paquetes de lentejas; 2.240 kilos de leche en polvo; 400 kilos de porotos; 1.680 envases de 250 gramos de pasas de uva y 600 kilos de yerba mate. “Sin embargo, durante la auditoría se dio cuenta de que el comedor, Los Angelitos, no existía”. La misma situación se repite en otros establecimientos que recibieron alimentos secos, pero, según las auditorías presenciales de la cartera de Capital Humano, “son fantasma”.
Otro de esos lugares son los comedores Bichitos de Luz y Soplo de Vida, que, tal surge de la documentación presentada en el expediente, pertenecen a la Asociación Civil Orgullo Argentino de Promoción Social que también “retiró alimentos para varios comedores”; sin embargo, durante la auditoría se dio cuenta de que el primero de los comedores, que en ese acto recibió 750 unidades de mercadería, no existía”. Lo mismo sucede con el otro establecimiento, “que recibió 750 unidades de mercadería, pero tampoco existía”.
La causa está caratulada como “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público”. En el expediente 1769/2024 no solo se investiga a los responsables de los supuestos comedores a los que estaban destinados los alimentos, sino también a las ex autoridades que deberían haber controlado que la comida llegara a los más vulnerables.
En ese contexto, el fiscal González le solicitó a Pettovello – que llega hoy al país después de mantener un encuentro con el Papa Francisco en Santa Marta – el listado de los funcionarios que tenían a cargo el control de los comedores registrados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios.
La denuncia apunta a funcionarios públicos a cargo del controvertido ReNaCoM, pero también de los responsables a cargo de la entonces Secretaría de Inclusión Social que tenían a cargo la seguridad alimentaria. La auditoría que realizará la SIGEN arrojará luz sobre un tema muy sensible, ya que la comida debía llegar a las familias más necesitadas del país. El Gobierno de La Libertad Avanza está convencido que miles de kilos de alimentos que salieron de los depósitos del Estado “fueron desviados” para otros propósitos, como para su desarrollo territorial o para compensar a los beneficiarios de planes sociales a los que se les habría exigido que asistieran a marchas y piquetes.
Las auditorías ya realizadas por la SIGEN marcaron “vencimiento de los plazos de ejecución de los proyectos, debilidades en el seguimiento, en el monitoreo, y falencias en las rendiciones de cuentas”.
La “falta de controles” en la “trazabilidad” de la entrega de alimentos que, según el Ministerio de Capital Humano, era de entre 12 a 14 toneladas de alimentos por mes, y eran administrados por movimientos sociales, por lo general integrantes del ex oficialismo que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) o de organizaciones piqueteras como el Polo Obrero.
