Las veedurías en las entidades surgieron de una acción conjunta de Cammesa, la empresa que se encarga del sector eléctrico, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Inaes.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) está en el centro del negocio de la energía eléctrica en Argentina, con todo lo que eso implica en un país en el que se busca recomponer tarifas, que llevan aumentos de más de 300% desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y donde se quitan subsidios para sostener la política de déficit cero. Todo en medio de una tensión constante entre las autoridades y los grandes jugadores del rubro, las empresas que se encargan de la generación, el transporte y la distribución de la electricidad.
Este año, en medio de puja por deudas que arrastraba el Estado con empresas de generación –que terminó con un bono para pagar una deuda de unos USD 1.200 millones– se habló de que Cammesa podría desaparecer. Al menos hasta ahora no ocurrió. Sí se anunció, días atrás, que la estructura ejecutiva del sector, la secretaría de Energía, sufría cambios en su cúpula: el secretario Eduardo Rodríguez Chirillo fue reemplazado por María Tettamanti. Fue una movida que muchos tomaron como un episodio del desembarco, tibio por el momento, del PRO de Mauricio Macri, en un sector estratégico para el país.
Ahora, en paralelo, Cammesa –que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)– anunció que intervendrá a 7 cooperativas eléctricas y reclama una deuda total para el sector de $325.000 millones por energía despachada que nunca se cobró. La medida se tomará en una acción conjunta con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Inaes, el organismo de Capital Humano que controla el funcionamiento de las cooperativas en todo el país.
Las apuntadas, siempre según Cammesa, son las cooperativas eléctricas de Villa Gessell, Las Flores, Olavarría, 9 de Julio y Tres Arroyos, todas de la provincia de Buenos Aires; más la de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la de Río Grande, en Tierra del Fuego. Según los números oficiales, sólo esas siete acumulan una deuda de 53.000 millones de pesos. En breve podrían sumarse más.
“Cammesa está luchando para que las tarifas sean justas, pero para eso todos tienen que pagar. No es justo que la gente pague, las cooperativas no y que dinero lo tenga que poner el Estado con impuestos o emisión. Estas entidades no pagan, pero le siguen cobrando a la gente”, detalló en un breve diálogo con Infobae Mario Cairella, vicepresidente ejecutivo del despachante nacional. Cairella ya ocupó ese cargo entre 2008 y 2009, durante el gobierno de Macri y llegó a La Libertad Avanza como parte de los equipos técnicos de José Luis Espert.
Villa Gesell
Una de las cooperativas eléctricas con orden de intervención es la de Villa Gesell, que tiene un historial de tensión con este Gobierno.
Las autoridades nacionales la marcan como un “caso testigo” y describen que lo que comenzó como un reclamo para que pagaran se “dio vuelta” en los tribunales de Dolores y se buscó generar una acción colectiva para que, además, se sumaran otras cooperativas provinciales a la estrategia de no pagar la deuda.
Finalmente, la causa quedó solo circunscripta a Gesell, luego de un fallo de la Cámara de Mar del Plata. En el Gobierno están convencidos de que si hubiera prosperado, y todas las cooperativas hubiesen sido amparadas por la justicia para no pagar (al menos mientras durara el proceso), el perjuicio para el sistema eléctrico hubiese sido “devastador”.
“Hay una conducta de impagos que se generalizó. No todas las cooperativas son lo mismo, pero en los últimos años es un tema que se politizó mucho. La política se metió en los consejos de administración de cada una de ellas para hacer caja. No subían las tarifas para ganar votos. En Gesell, además, buscaron hacer un recurso judicial generalizado y viciado de nulidad por todos lados”, destacan desde Cammesa.
Según, Cammesa, esa cooperativa hace 8 años que no paga por la energía que recibe. “Esa idea general del reclamo colectivo, que la Justicia dio por tierra, hizo que otras cooperativas dejaran de pagar y esas son las que el organismo, junto al Inaes, intervendrá administrativamente. Es una intervención de tipo veeduría que buscará que no haya interrupciones del servicio. La idea es encontrar maniobras truchas y hacer denuncias penales si corresponde. Luego queremos que esas veedurías sean intervenciones judiciales directas. Queremos ver todo: documentos, contratos, licitaciones. Desempolvar todo lo que se hizo en estos años”, destacaron.
Además, en paralelo, en el Inaes que preside Marcelo Collomb, ya lleva cerradas unas 12.000 cooperativas, de todo tipo, pero sobre todo de trabajo, a las que definen como “truchas”. “En función de la solicitud efectuada por Cammesa y otros aspectos constatados por el Inaes, que ponen en riesgo la prestación del servicio eléctrico en sus comunidades, así como el sostenimiento del sistema total, el Directorio dispuso veedurías en cooperativas prestadoras del servicio eléctrico en distintas ciudades del país”, confirmaron desde el organismo.
