La Corte Suprema de Justicia confirmó la elevación a juicio oral que enfrenta Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán. En un fallo unánime, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Maqueda rechazaron la apelación de la expresidenta. A su vez, en otro fallo unánime, fue confirmado el sobreseimiento de la expresidenta en la causa Dólar Futuro.
El memorándum con Irán es la causa que más preocupa a Cristina Kirchner, según ella mismo expresó en una conversación con Oscar Parrilli, que trascendió de una escucha judicial.
La causa por la firma del memorándum con Irán comenzó por una denuncia que el fiscal Alberto Nisman impulsó en enero de 2015. Planteaba que el Gobierno había negociado la baja de las alertas rojas de detención de Interpol de los cinco iraníes acusados por el atentado a la AMIA. Cuatro días después, el fiscal fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero. Para la Justicia, lo asesinaron.
Además de Cristina Kirchner, fueron denunciados Héctor Timerman, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, Carlos Zannini, Andrés Larroque, Luis D´Elia, el dirigente de la comunidad islámica Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil y Fernando Esteche, exlíder de la agrupación Quebracho.
Cristina Kirchner insistió en la nulidad de la causa en la que está acusada de encubrimiento agravado del atentado a la AMIA por promover la firma entre el Estado argentino con Irán. El 3 de noviembre de 2023, la expresidenta recurrió a la Corte después de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación, que integran los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, derogó el sobreseimiento y ordenó realizar un debate público y oral.
Dólar Futuro
Un criterio distinto aplicaron los ministros del máximo tribunal a la hora de evaluar el caso de Dólar Futuro, donde además de Cristina Kirchner estaban acusados Axel Kicillof y Alejandro Vanoli, entre otros.
El expediente fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. En ese momento se señaló que la pérdida para el Banco Central por las ventas de dólar futuro a un valor inferior al que se estaba ofreciendo en el mercado fue de 54.921.788.702,40 pesos, y que «la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución».
La Corte no tuvo en cuenta el dictamen del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien había pedido revocar el sobreseimiento de este caso y que todos los acusados enfrenten el juicio oral y público.
Asistiendo al argumento central de la defensa de la ex vice, el máximo tribunal consideró que se está ante un caso de políticas de Estado no judiciables. De esta manera, avaló el planteo de las partes y consideró que el juicio oral y público de esta causa, no debe realizarse.
