El Gobierno iniciará la próxima semana el proceso de licitación de corredores viales, con el objetivo de reducir el gasto público y mantener el equilibrio fiscal.
El esquema comenzará con rutas estratégicas para el comercio del Mercosur. En particular, se buscará un nuevo concesionario para las rutas 12 y 14, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
Actualmente, la concesión está en manos de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuyo contrato vence el próximo 9 de abril. La empresa reclama al Estado Nacional alrededor de 300 millones de dólares, alegando incumplimientos contractuales y demoras en la actualización de tarifas. CRUSA ha propuesto una extensión del contrato a cambio de retirar su demanda contra el Estado.
En la negociación también se discute un aumento del peaje en Zárate, que podría alcanzar un 140 %. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que hay otras propuestas en evaluación, incluyendo la de un consorcio conformado por tres constructoras, que implicaría una inversión cercana a los 600 millones de dólares.
Además, se prevé licitar más de 8.000 kilómetros de otras rutas nacionales, como la ruta 33 en Santa Fe, la Ruta 18 en Entre Ríos y la Ruta 19 en Córdoba. Las constructoras, afectadas por la decisión del Gobierno de frenar las obras públicas, ven en estas licitaciones una oportunidad para reactivar sus negocios.
Las condiciones para los oferentes incluirán la reparación de baches, banquinas, señalización horizontal y vertical, y mejoras en la iluminación. Solo una vez cumplidos estos requisitos podrán acceder a las nuevas tarifas.
Por otro lado, la empresa estatal Corredores Viales acumulaba hasta septiembre una deuda cercana a los 16.000 millones de pesos. Para enfrentar esta situación, el Gobierno ha recortado el 95 % de las obras en provincias y municipios, delegando a los gobiernos locales la ejecución de las tareas de interés regional.
Se estima que la privatización de estas rutas, por un plazo de 20 años, generará un ahorro de más de 5000 millones de dólares para el Estado. No obstante, de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, las constructoras consideran que solo alrededor de 1000 kilómetros —principalmente los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Ruta 3— son viables para implementar peajes rentables.
