Pese al reclamo de un grupo de entidades gremiales de salud, la cúpula cegetista mira para otro lado ante el panorama crítico que abre la decisión oficial.
A la innumerable cantidad de temas que dividen al gremialismo, en las últimas semanas se sumó otro más: el fin de la triangulación con las obras sociales. Luego de que el Gobierno eliminó hace una semana la intermediación entre las obras sociales y las prepagas, permitiendo que los aportes y contribuciones de los afiliados sean transferidos directamente a las empresas privadas, un sector de las prestadoras sindicales de salud está en pie de guerra para resistir la medida y pidió que la CGT intervenga ante el Gobierno para que se revierta esa resolución que las hará colapsar.
Sin embargo, la cúpula cegetista decidió mirar para otro lado y no intervenir en este conflicto, en el que están en juego, según fuentes oficiales, “una caja de más de 30 mil millones de pesos mensuales”. ¿Por qué la indiferencia por parte de quienes conducen la central obrera? Es que la eliminación de la triangulación afecta a algunas obras sociales chicas y no a las grandes, que son justamente las que pertenecen a los sindicatos más poderosos que también manejan la CGT.
Para entender este tema hay que remontarse a 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se estableció la libre elección de la obra social y hubo entidades pequeñas del sistema sindical de salud que triangularon sus servicios con la medicina prepaga y absorbieron a la población joven, sana y con mayores recursos, situación que fue conocida como “descreme” y que ocasionó la pérdida del componente solidario del andamiaje de la seguridad social. Esas obras sociales chicas se hicieron millonarias con miles de afiliados que no tenían, gracias a los acuerdos con prepagas que sirvieron de “vehículo” para que trabajadores de sueldos más altos derivaran desde allí sus aportes.
Esta distorsión provocó una relación desproporcionada entre empleados y cantidad de afiliados: según datos del Gobierno, “la Obra Social de Comisarios Navales (OSCNA) tiene 4 comisarios en actividad, pero unos 161 mil afiliados; la Obra Social de Serenos de Buques (OSSdeB), 8 empleados para 60.000 afiliados; la Obra Social de Técnicos de Vuelo (OSTVLA),16 empleados para 81.976 afiliados; la Obra Social Capataces Estibadores Portuarios (Oscep) tiene 14 empleados para 71.897 afiliados; Ospaña, una obra social para residentes españoles en la Argentina, recibe de la embajada 100 euros mensuales, no por cada afiliado sino por cada residente, y gracias a la triangulación amplió la masa de asociados a 85.225; la Obra Social de Árbitros Deportivos de la República Argentina (OSADRA) recauda $1.200 millones por mes y tiene 7 empleados; OSCOMM, la Obra Social de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, recibe $3.650 millones mensuales y tiene 35 empleados, y OSCEARA, la Obra Social de la Cámara de Empresarios de Remises recauda $5.500 millones y tiene 63 empleados”.
Para quienes administran las obras sociales más poderosas, esos dirigentes que se beneficiaron por el “descreme” y que hoy se quejan porque el fin de la triangulación las dejará en la ruina “son los mismos que nos robaron todos los afiliados a nosotros desde hace 30 años”, como enfatiza un sindicalista que no quiere mover un dedo para ayudar a colegas de las obras sociales chicas.
Ahora, los funcionarios de Salud están seguros de que las prepagas van a recibir de manera directa los aportes y contribuciones al sistema de obras sociales sin que haya ningún “peaje” en el medio, e incluso esperan que se termine con la especulación y que ese beneficio se vea en la cuota que paga el afiliado. “Esta decisión termina para siempre con el curro de las obras sociales “sello de goma”, transparenta el sistema y le genera al beneficiario un ahorro, ya que al enviarse sus aportes de manera directa a la prepaga dejará de pagar la intermediación, que representaba entre un 3% y 10% y generaba cajas millonarias con la que subsistían las obras sociales fantasma”.
En números, se trata de una suma que, sólo de aportes y contribuciones, representa unos 180 mil millones de pesos mensuales. Ahora, destacan en el Gobierno, “se le devuelve su plata al beneficiario y se le da la libertad para que elija con qué agente del seguro quedarse”, e incluso “permitirá que las prepagas no sólo no aumenten la cuota, sino que la bajen en los próximos meses”.
En la CGT, de todas formas, aseguran que no habrá ninguna rebaja en los valores de la medicina privada y califican el fin de la triangulación como “un guiño al sector prepago pensando que con esto van a poder controlar las cuotas, pero habría que poner puntos suspensivos porque las empresas del sector se quejan de que tienen una inversión monstruosa, un margen de utilidad muy bajo y que permanentemente están aumentando los costos a un nivel distinto a los que va la inflación”.
Para un dirigente gremial, además, “las prepagas están preocupadas porque con esta medida van a tener más asociados, pero también tendrán que cubrir un montón de prestaciones que les va a generar mayor costo y para las que no tienen la estructura para sostener”. “Se están comprando un problemita y lo van a ver en los próximos 90 días, cuando empiecen a descubrir que estas obras sociales que triangulaban funcionaban de amortiguador de muchas otras quejas y problemas”.
Más allá de la decisión de la CGT de no meterse en este conflicto, las obras sociales afectadas por la medida oficial preparan su contraofensiva: tras varias reuniones que mantuvieron, se supo que buscarán frenar el fin de la triangulación mediante denuncias judiciales que están por presentar.
