La Procuraduría General de Brasil presentó una acusación formal contra el expresidente Jair Bolsonaro, el exministro Braga Netto y otras 32 personas por su presunta participación en una trama golpista para evitar la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
La denuncia, formulada por el fiscal general Paulo Gonet, será evaluada por la Primera Sala del Tribunal Supremo Federal, con el magistrado Alexandre de Moraes como ponente.
Según la acusación, Bolsonaro habría cometido los delitos de organización criminal armada, golpe de Estado, tentativa de abolición del Estado democrático de derecho, daños calificados por violencia y deterioro de bienes catalogados.
La investigación apunta a que el ex mandatario evaluó y pidió modificaciones en un proyecto que contemplaba la detención de jueces del Tribunal Supremo Federal y del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, como parte de un plan para anular los comicios.
Las pruebas recogidas incluyen grabaciones y testimonios que indican que Bolsonaro y su equipo analizaron mecanismos para impedir la asunción de Lula.
En diciembre de 2022, el ex presidente se reunió con los comandantes de las Fuerzas Armadas, donde discutió el posible uso de herramientas legales como la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), el Estado de Defensa y el Estado de Sitio para revertir los resultados electorales.
La acusación sostiene que Bolsonaro y su entorno difundieron información falsa sobre el proceso electoral brasileño con el objetivo de generar un clima de inestabilidad política.
Como parte de esta estrategia, el entonces presidente organizó una reunión con embajadores extranjeros para desacreditar el sistema de votación electrónica, lo que posteriormente llevó al Tribunal Superior Electoral (TSE) a inhabilitarlo políticamente por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación.
La denuncia ahora será analizada por el Tribunal Supremo, que decidirá si abre un juicio formal contra el expresidente y sus colaboradores. Bolsonaro, de 69 años, niega las acusaciones y se considera un “perseguido” por la justicia.
La acusación de la fiscalía queda en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si inicia un proceso contra Bolsonaro por estos hechos. Horas antes de que se conociera la decisión de la Fiscalía este martes, el exmandatario dijo a periodistas en Brasilia que no tenía “ninguna preocupación” por la posibilidad de ser inculpado.
