El texto fue publicado esta medianoche en el Boletín Oficial.
El presidente Javier Milei, en acuerdo general de ministros, tomó esta noche la decisión de remitir al Congreso Nacional un pedido de autorización para firmar un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según se confirmó esta noche, el acuerdo con el organismo multilateral establecerá un plazo de amortización de diez años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses, y tiene como principal objetivo la cancelación de deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y con el propio organismo de crédito.
En el primer artículo, el documento señala: “Apruébanse las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el PODER EJECUTIVO NACIONAL y el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, las que tendrán un plazo de amortización de DIEZ (10) años”.
Además, según lo establece un decreto de necesidad y urgencia que fue publicado en el Boletín Oficial del martes y tendrá vigencia inmediata, el programa permitirá cancelar:
- Letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del BCRA, priorizando aquellas con vencimiento más próximo.
- Obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen dentro de los próximos cuatro años.
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El texto oficial argumenta que la medida es necesaria para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la volatilidad de las variables financieras. Según datos del Gobierno, en diciembre de 2023 las reservas netas del Banco Central eran negativas en USD 11.200 millones, mientras que al 6 de marzo de 2025 se habían incrementado en USD 7.034 millones.
El Ejecutivo sostuvo en el DNU que el ajuste fiscal y la política de déficit cero permitieron una reducción significativa de la inflación y la pobreza. En ese sentido, resaltó que en enero de 2025 la inflación interanual descendió a 84,5 %, mientras que la pobreza cayó del 54,8 % al 38,9 % en el primer año de gestión, según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
De acuerdo al texto, la aprobación del acuerdo por medio de un DNU se justifica en la urgencia de solucionar el deterioro del balance del BCRA y despejar la carga de vencimientos del Tesoro Nacional en los próximos años. El decreto también destaca la necesidad de avanzar en la flexibilización del mercado cambiario -cuya explicitación es el cepo- para mejorar la eficiencia económica y facilitar la inversión a largo plazo.
El Poder Ejecutivo, según el DNU, delegará en el Ministerio de Economía la firma de los instrumentos necesarios para implementar el acuerdo. Asimismo, se indicó que el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para su tratamiento legislativo.
En los extensos considerandos el Gobierno repasó los resultados del plan económico, los objetivos del acuerdo, vinculados principalmente en reforzar las reservas para en un futuro poder liberar el cepo y mantener bajo control la inflación.
Pero también establece una extensa fundamentación en contra de la Ley Guzmán, que estableció la obligación de que los acuerdos con el Fondo tengan que ser aprobados por Diputados y el Senado. Hay una razón jurídica para eso, pero sobre todo política: la Casa Rosada sabe que el kirchnerismo está en condiciones de trabar su aprobación en el Senado, donde tiene 34 bancas propias y al menos cuatro que votan en sintonía.
“La volatilidad de las variables económicas generada por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del BCRA impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda verse afectado el éxito del programa de estabilización, que impacta de manera directa en la disminución de la inflación y la reducción de la pobreza”, indicó el DNU.
Y agregó: “La gravedad de la situación descripta y la necesidad de: (a) solucionar de manera inmediata la situación en la que se encuentra el activo de la autoridad monetaria del país y (b) cancelar deuda con el FMI a los efectos de garantizar el orden público económico, configuran circunstancias excepcionales que justifican el dictado de la presente medida”.
“Que la exigencia imperiosa del dictado del presente decreto se desprende de la naturaleza de las medidas económicas involucradas, que requieren de su adopción inmediata para evitar el impacto que de otro modo podrían traer consigo en el escenario económico presente”, amplió.
