Tras la muerte del papa Francisco, las miradas ya están puestas en el cónclave para definir quién será su sucesor. Sin embargo, antes de su comienzo, el proceso ya presenta una polémica: el cardenal Angelo Becciu quien había sido despojado del cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y de los “derechos ligados al cardenalato” ahora asegura que participará de la votación para designar al próximo papa.
Si bien conservó el título de cardenal, tras la audiencia que se llevó a cabo en septiembre de 2020 cesó en todo cargo en la Curia romana y perdió el derecho a participar del cónclave.
Becciu fue condenado en diciembre de 2023 a 5 años y 6 meses de prisión por un tribunal penal del Vaticano por delitos vinculados a irregularidades financieras, entre ellos abuso de poder y malversación de fondos.
Pese a la condena en su contra, el cardenal fue invitado a las Congregaciones Generales pre-cónclave junto al resto de sus pares y declaró su intención de participar del proceso de elección del próximo papa.
“Refiriéndose al último consistorio, el Papa reconoció intactas mis prerrogativas cardenalicias, ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni solicitud de mi renuncia explícita por escrito”, argumentó el cardenal Becciu en la Unione Sarda. Además, enfatizó su inocencia y aseguró haber sido «indultado» por Francisco.
Su participación será definida por la congregación general de los cardenales, cuya primera reunión se llevó a cabo esta mañana.
Entre los favoritos para suceder a Francisco, a pesar de las reticencias personales, sigue estando el secretario de Estado de Bergoglio, Pietro Parolin, capaz de mediar y de tranquilizar tanto a los “progresistas” en la continuidad con Francisco, como a los “conservadores”.
La condena penal contra el Cardenal
El Cardenal fue condenado por la justicia del Vaticano tras quedar involucrado en una investigación sobre la gestión de fondos de la Secretaría de Estado, que giraba en torno a la venta de un edifico de lujo en Londres por más de 200 millones de dólares. Además, durante la investigación salieron a la luz otras transferencias irregulares, como una donación de 125.000 euros a una asociación vinculada a Cáritas en Ozieri, Cerdeña, cuyo presidente era uno de los hermanos del cardenal.
En diciembre de 2023, el Tribunal consideró probado el delito de malversación por el uso ilícito de la suma de 200.500.000 dólares, «que asciende aproximadamente a un tercio de los activos en el momento de la Secretaría de Estado, porque en violación de las disposiciones sobre la administración de los bienes eclesiásticos».
Esta suma había sido pagada entre 2013 y 2014, a instancias del entonces Monseñor Sustituto Giovanni Angelo Becciu, por la suscripción de acciones de Athena Capital Commodities, un fondo de cobertura con características altamente especulativas y que suponía un alto riesgo para el inversor en el capital sin posibilidad de controlar la gestión.
Por ello, el Tribunal declaró culpables del delito de malversación al cardenal Becciu y a Raffaele Mincione, que habían estado en contacto directo con la Secretaría de Estado para obtener el pago del dinero «incluso sin que se hubieran cumplido las condiciones, así como, en connivencia con ellos, a Fabrizio Tirabassi, empleado de la Oficina de Administración, y a Enrico Craso».
