A dos meses de la trágica inundación que golpeó Bahía Blanca y la zona el último 7 de marzo, provocando varias muertes y la pérdida de miles de millones de pesos en infraestructura y elementos materiales, este miércoles el Senado de la Nación aprobó la declaración de emergencia y zona de desastre para nuestra ciudad y Punta Alta.
El proyecto, que había sido presentado en conjunto por los senadores Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” De Pedro (UxP) y Maximiliano Abad (UCR) declara a toda la región como zona de emergencia y en situación de catástrofe por 180 días, crea un fondo especial para atender los daños ocurridos durante el temporal -que se destinará al otorgamiento de subsidios y créditos-, además de plazos de gracia para el cumplimiento de contratos civiles y comerciales, operaciones bancarias y financieras, y ejecuciones hipotecarias, prendarias, judiciales y extrajudiciales.
Además, establece que el Banco de la Nación deberá generar una línea de financiamiento a tasas preferenciales y con un plazo de gracia, destinada para la reconstrucción de viviendas familiares afectadas y asistencia a sectores productivos damnificados por el sismo.
Durante el debate, en el cual también se trató el proyecto de Ficha Limpia, Di Tullio destacó que “el esfuerzo gigantesco que hacen los bahienses día a día para reconstruir su vida tiene que estar acompañado con la fuerza de una ley del Congreso”.
«Por eso estamos acá, y los bahienses tienen que saber que están siendo acompañados por el Poder Legislativo», sostuvo.
En sus fundamentos, el proyecto explica que su objetivo es “paliar los efectos que económicos, materiales y sociales han producido en la provincia de Buenos Aires las inundaciones registradas en el corriente mes de marzo de 2025”.
“El hecho de que durante la madrugada del 7 de marzo de 2025 se registraran más de 200 milímetros de lluvia en la ciudad de Bahía Blanca -NdR: en muchos lugares de la ciudad se superaron los 400 milímetros- no sólo significó el anegamiento íntegro de la ciudad, sino también un fuerte deterioro en su infraestructura; obligando incluso a la evacuación de vecinos de esa ciudad de sus hogares”, se destaca.
Al respecto, remarca que “el crítico panorama repite, esta vez con lluvias de volumen inédito en los últimos tiempos para la ciudad, la desesperación que vivió la comunidad bahiense hace poco más de un año, el 16 de diciembre de 2023, cuando un temporal de viento provocó destrozos y 13 muertes”.
Los beneficios, artículo por artículo
- “Declárase zona de emergencia y en situación de catástrofe, durante el término de 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en razón de las inundaciones registradas durante el mes de marzo de 2025”.Al respecto, establece que el Ejecutivo nacional podrá extender ese plazo de vigencia.
- Creación de un fondo especial de 20 mil millones de pesos -o la suma necesaria- “para atender los daños ocurridos” durante el temporal, que deberá constituirse “en un plazo no mayor a 30 días” a partir de la sanción de la ley. Para esto, se reasignarán partidas presupuestarias desde la jefatura de Gabinete.
- Este fondo se destinará a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal afectada; para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada; para reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos; y para la refuncionalización de actividadeseconómicas que se hayan visto afectadas.Estos tendrán como destinatarios “familias cuya vivienda única y de habitación permanente, haya sido afectada total o parcialmente a causa de las inundaciones”; “pequeñas y medianas empresas afectadas, a los efectos de su reinserción productiva”, favoreciendo la producción local de materiales e insumos que la propia situación de emergencia demande”, y “para la reconstrucción de infraestructura edilicia, vial, hídrica y demás servicios públicos y otros, que deberán ser realizadas, con recursos humanos y materiales de las zonas afectadas”.
- Dispensar erogaciones que debieran abonar los afectados en conceptos de impuesto, tasas y contribuciones.A quienes hayan perdido totalmente su fuente de ingreso -estando así en situación de emergencia económica-social-, se les otorgará un plazo de gracia de al menos 180 días, en situaciones jurídicas como contratos civiles y comerciales con prestaciones recíprocas; operaciones bancarias y financieras, y ejecuciones hipotecarias, prendarias, judiciales y extrajudiciales.
- Las obras de infraestructura que se realicen, deberán ser realizadas preferentemente con recursos humanos de las zonas afectadas y con los materiales de las mismas.
- El Ejecutivo nacional deberá informar al Congreso Nacional sobre las medidas adoptadas y a ejecutar en el marco de la presente ley, en un plazo de 30 días, a partir de su promulgación.
- El Banco de la Nación Argentina deberá crear una línea de financiamiento a tasas preferenciales y con un plazo de gracia, destinada para la reconstrucción de viviendas familiares afectadas y asistencia a sectores productivos damnificados.
