El vocero presidencial Manuel Adorni dará a conocer los detalles este lunes 12 de mayo en una conferencia de prensa.
El Gobierno anunciará un nuevo esquema que implicará una entrega directa y menor costo de pañales a jubilados, luego de realizar una licitación exprés para la compra de estos insumos a través del PAMI.
El vocero presidencial Manuel Adorni lo anticipó a través de un mensaje en X, destacando que los detalles se darán a conocer este lunes 12 de mayo en una conferencia de prensa. “Durante años, unos vivos hicieron negocios con los pañales del PAMI, obligando a los jubilados a utilizar productos de baja calidad”, sostuvo el funcionario nacional.
En esa misma línea, agregó: “Le hemos puesto fin a todo esto: implementamos una licitación pública, con entrega directa y un ahorro de $5.000 millones. Sí, se robaban hasta los pañales de los abuelos. Un verdadero escándalo. Mañana —por hoy lunes— en conferencia de prensa, más detalles”.
Por otro lado, Mario Lugones, el ministro de Salud de la Nación, complementó el mensaje de Adorni con una publicación en sus redes: “Vinimos a cambiar el sistema de salud, aunque a la casta no le guste”.
Además, agregó: “Desde que asumimos, nuestro objetivo central es reordenar el sistema de salud, transparentarlo y que las mejoras vayan a los argentinos. La medida que impulsa este cambio en PAMI es un claro ejemplo de esto. Sus afiliados comenzarán a recibir los pañales de mejor calidad y directamente en sus domicilios. Y, por si fuera poco, más baratos. Estamos convencidos de lo que hacemos. Por más que muchos busquen sostener sus privilegios, vamos por el camino correcto”.
PAMI anunció a principios de mayo una “revisión profunda en sus delegaciones” con la intención de erradicar prácticas discrecionales y abusos vinculados con gestiones anteriores. “Durante años, la política convirtió al instituto en un instrumento para hacer negocios y establecer estructuras clientelistas”, expresó el organismo en su comunicado oficial, donde remarcó que se avanzará con sanciones si se confirman las irregularidades.
Uno de los focos está puesto en el uso de las llamadas “vías de excepción”, un mecanismo creado para situaciones extraordinarias que, según la actual gestión, fue empleado de forma abusiva para eludir licitaciones y habilitar maniobras de dudosa transparencia. Ante esto, se abrió una investigación interna, con el objetivo de garantizar que los recursos “lleguen a quienes realmente los necesitan”.
A su vez, remarcaron que buscan desarmar las “mafias internas” y eliminar los privilegios heredados, y que no permitirá más usos políticos del organismo. “El tiempo de impunidad se terminó”, concluyó el comunicado oficial.
Hace algunos meses, Elisa Carrió y Hernán Reyes, referentes de la Coalición Cívica, presentaron una denuncia penal contra la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (ACE Oncología) y al menos cinco laboratorios farmacéuticos por presuntas prácticas anticompetitivas y un desfalco al PAMI en la compra de medicamentos oncológicos durante 2023. Con la presentación judicial quedaron en la mira la entonces titular del organismo, Luana Volnovich, y los laboratorios Raffo, Bioprofarma Bagó, Teva, Sirius, Novartis y Sanofi.
Según las declaraciones de Reyes, pudieron acreditar un millón de dólares de desfalco en solamente ocho medicamentos oncológicos que tomaron de muestra en operaciones de cinco laboratorios, donde el mismo medicamento se pagó hasta 14 veces más. El legislador denunció lo que calificó como “la mafia de los medicamentos”, asegurando que esta situación es solo “la punta del iceberg”.
El núcleo de la denuncia radica en la diferencia de precios detectada entre los medicamentos adquiridos por el sistema del Convenio Marco y las licitaciones públicas. Durante el 2023, el PAMI desembolsó $273 millones más de lo necesario al pagar precios significativamente superiores por medicamentos esenciales para tratamientos oncológicos. Los ejemplos mencionados incluyen el caso de un medicamento, como el anastrozol, vendido por un laboratorio a $13.192 por unidad bajo el Convenio Marco, mientras que en licitaciones públicas el mismo producto fue adquirido a $924.
