Reunión con el sector dialoguista para iniciar una lenta discusión en la comisión de Trabajo, desde la semana próxima.
En medio de los preparativos para el informe de gestión que dará mañana en el recinto del Senado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el oficialismo comenzó a preparar un operativo resistencia para la ley que ya aprobó Diputados y que mejora las jubilaciones. Es un sendero imposible de sostener en el tiempo para La Libertad Avanza en la Cámara alta, con un proyecto que tiene votos de sobra para su sanción, según lo actuado el año pasado y las recientes declaraciones de distintos bloques dispuestos a volver a avanzar, más allá del eventual veto que anuncia la Casa Rosada.
Durante la tarde de ayer, referentes de los sectores -por ahora- “dialoguistas” se reunieron con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Allí estuvieron, entre otros, el jefe de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy); su par del radicalismo, el zigzagueante Eduardo Vischi (Corrientes); el vice del Pro, Martín Goerling (Misiones); el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta); y la rionegrina Mónica Silva, entre otros. También participó el oficialista y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis).
Uno de los primeros puntos a analizar fue la visita del propio Francos -que ayer envió 926 respuestas y cumplió con todos los pasos formales, con anticipación-, la cual buscan que sea lo menos extensa posible. No obstante, se espera que el encuentro que se iniciará a las 11 de mañana se estire, de mínima, hasta las 17 horas. Las dudas surgen por la postura que adoptará el Frente de Todos, principal bloque opositor y la primera minoría del Senado, tras la condena y prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.
Más allá de todo esto, en la Cámara alta se percibió en los últimos días un clima espeso por la jugada de un puñado de legisladores dialoguistas y un pedido de sesión especial que incluye un festival de proyectos ya dictaminados que aguardan, desde hace tiempo, su aterrizaje en el recinto. De allí la importancia de la reunión de ayer, donde se intentó amortiguar la presión.
En principio, las bancadas dialoguistas que empujaron la solicitud esperarían algunas semanas para reiterar dicha acción, aunque estarán atentas a los movimientos de la Casa Rosada y su política de confrontación sin cesar contra circunstanciales aliados. De hecho, muchos creen que el Ejecutivo incumplirá, una vez más, su palabra.
La segunda preocupación -más importante- apunta a las leyes que aprobó Diputados, con la mejora de jubilaciones al frente. También se encuentra la emergencia en discapacidad y, con menos apoyo, la reactivación de la moratoria. Es por ello que, durante el convite de hora atrás, se deslizó la idea de citar para la semana próxima a la comisión de Trabajo que ya está integrada, pero sin autoridades ratificadas.
Dicha comisión -cabecera del debate- estuvo presidida por la macrista y aliada libertaria Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), que tendrá un desafío no menor para seguir en el cargo. En caso de lograrlo, activaría una serie de reuniones informativas en soledad. Para firmar un despacho por el tema previsional, deberá activar un encuentro plenario junto a la de Presupuesto y Hacienda, que comanda Atauche. El objetivo es extender la discusión hasta agosto.
Estas previsiones no tienen en cuenta, ya que aún no fue concretada, la estrategia que esconde el kirchnerismo, que prometió hace 20 días un pedido de sesión especial por la iniciativa jubilatoria y se mantuvo ocupado en defender a la condenada ex presidenta. Ello no quita que, en las próximas horas, se conozcan novedades desde allí.
La ley previsional que aprobaron diversos opositores en Diputados -algunos macristas, se abstuvieron- implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. Con menos votos fue avalada en la Cámara baja la restitución por dos años de la moratoria, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
En concreto, la suba del bono a $110.000 y su posterior renovación por inflación tendría un costo fiscal de alrededor de 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI), ya que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó un impacto fiscal de 0,23% si se llevaba a $105.000, y de 0,30% si quedaba en $115.000. La oposición terminó por consensuar un sendero intermedio entre esas opciones.
