Las iniciativas quedaron derogadas a través de la Resolución 466/2025 del Boletín Oficial.
Una resolución publicada en Boletín Oficial puso fin a dos programas que integraban el ex Ministerio de la Mujer, luego de que la cartera de Justicia evaluara las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género y de asistencia integral a las víctimas y concluyera en la falta de respuestas a la demanda social en dicha materia.
La derogación las resoluciones 575/2021 y 55/2022 puso fin al Registro Nacional de Organizaciones Sociales que abordaba temáticas de Género y Diversidad, y al Programa Acercar Derechos para Personas en Situación de Violencias por motivos de Género. Todos estos cambios quedaron oficializados mediante la Resolución 466/2025.
En el segundo de los casos, se detectaron debilidades graves en los circuitos operativos, el sistema de registro, la supervisión de casos y la documentación de las intervenciones. A raíz de un informe elaborado por una Unidad de Auditoria Interna, se supo que el 38% de los casos asistidos por el programa “no registraban acciones de abordaje o seguimiento”. En el mismo análisis se detallaron otras faltantes como acciones activas que no habían sido actualizadas en más de seis meses y la “carencia de estrategia integral de abordaje”, con números que representaban el 75 y el 26 por ciento respectivamente.
La auditoría también detectó incumplimientos formales, como la falta de vinculación entre registros primarios y auxiliares, informes sin firmas de las profesionales intervinientes y documentos incompletos o ausentes, lo que debilitaba el respaldo documental de las actuaciones y la capacidad de control interno sobre los procedimientos. Como consecuencia, consideraron que el circuito de seguimiento y supervisión de las personas asistidas no era idóneo. “La auditoría concluyó que el circuito implementado por el Ministerio para el seguimiento de las personas asistidas y la supervisión del desarrollo de las actuaciones ejecutadas no resultaba suficiente para mitigar los riesgos de cumplimiento y control”, remarcó el texto publicado en la madrugada de este miércoles.
La resolución, firmada por el titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, forma parte de un proceso de simplificación y reorganización de la intervención estatal, priorizando iniciativas que permitan alcanzar resultados. En este sentido, el documento señala: “Corresponde reasignar los recursos públicos hacia iniciativas útiles para el bien común y respaldadas por evidencia empírica, que permitan verificar resultados concretos y medibles y que aseguren eficiencia en la implementación de acciones con impacto demostrable y evaluable”.
La resolución instruye a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Subsecretaría de Gestión Administrativa para que implementen las medidas necesarias que garanticen la aplicación efectiva de la derogación, todo en el marco de las competencias asignadas tras la reforma ministerial.
En su momento, quien conducía la cartera, Ayelén Mazzina, dispuso la creación del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad. La medida, enmarcada en las acciones del organismo para consolidar la protección de los derechos de mujeres y personas LGBTI+, tuvo como finalidad relevar y sistematizar datos sobre organizaciones sociales que trabajan en este campo en el país.
La iniciativa buscaba mejorar el acompañamiento estatal a esas entidades, optimizando recursos, poniendo a su disposición nuevas herramientas y fortaleciendo el trabajo conjunto y la articulación en red entre el Ministerio y las organizaciones, así como también entre las propias agrupaciones.
En el mismo acto administrativo se dispuso también la creación del Programa Acercar Derechos para Personas en Situación de Violencias por Motivos de Género. Su objetivo central fue dar una respuesta integral a las necesidades en situaciones de violencia motivada por cuestiones de género. El programa se estructuró como una política de proximidad, orientada a abordar de forma simultánea las distintas vulneraciones de derechos que afectan a las personas en contextos de violencias, siempre bajo una perspectiva interseccional e intercultural.
