Durante la sesión de este jueves, que comenzará a las 10, un conglomerado antilibertario insistirá con las leyes de emergencia pediátrica y de fondos educativos.
En una nueva sesión compleja para el Gobierno libertario, la oposición senatorial rechazará este jueves los vetos presidenciales a las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema- y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas, en un encuentro que comenzará desde las 10 y será comandado por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
No será la primera vez que el Gobierno reciba un trompazo de este tipo: a inicios del mes último, el Congreso desactivó el veto de la ley de emergencia en discapacidad que la Casa Rosada tuvo que reglamentar de manera obligatoria, aunque días más tarde la dejó en una especie de “stand by” hasta que se incluyan “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan” su ejecución. Por ende, algo probable que vuelva a ocurrir para los temas que se discutirán hoy en el recinto.
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
Al tratarse de vetos, quienes impulsan la reanudación de las normas necesitarán dos tercios para incluir a ambos sobre tablas -no fueron dictaminadas- y, sobre todo, para rechazarlos. Esto no será un problema. En la Cámara alta, las leyes fueron sancionadas por amplio margen el 21 de agosto pasado: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno de 72 integrantes.
En ese encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue negado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el jefe del PRO en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).
Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical -filo violeta por Patricia Bullrich– Carolina Losada(Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.
El otro temario
Para el convite de las próximas horas también aparece la prórroga, por cinco años, de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden. Otra iniciativa a debatir es la que empuja Romero para que el sistema de Alerta Sofía -desaparición de personas- deje de estar regulado por decreto y el mismo sea por una ley sancionada por el Congreso.
El salteño suma otra relacionada con retiros voluntarios para la planta transitoria de la “Casa”. En tanto, dos tratados impositivos internacionales quedarían para el final de la sesión, aunque el kirchnerismo se rehusaría a votarlos, tal como ocurrió en la última ocasión en el recinto.
Durante la jornada de ayer, llamó la atención la baja del ímpetu que agitaba el Frente de Todos, que comanda José Mayans (Formosa), sobre distintos pedidos para interrogar a funcionarios libertarios. Esto no significa que no pretenda plantear algo hoy.
El problema es que un sector de la oposición senatorial busca diferenciarse de las órdenes que Cristina Kirchner envía hacia dicho interbloque -ya hay ruido interno por posturas divergentes en algunas leyes-, a través de las cuales intenta manejarlo por control remoto desde su prisión domiciliaria. Mismo caso para la declaración de interés público y estratégico la cuestión nuclear. Los dos puntos requerirían dos tercios para ser habilitados. No obstante, en esta Cámara alta, nunca hay que descartar sorpresas.
