Se suma a la amplia lista de universidades que demandarán judicialmente la aplicación de la ley 27.795, aprobada por el Congreso y suspendida por el Poder Ejecutivo, una postura que según los consejeros superiores, “altera gravemente la división de poderes que sustenta el sistema republicano de gobierno”.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur aprobó, en su sesión plenaria del pasado miércoles, una resolución para “encomendar al señor Rector el inicio de las acciones judiciales que resulten procedentes para exigir la efectiva implementación de la Ley 27.795 para resguardar los derechos de la Universidad Nacional del Sur y de sus trabajadoras y trabajadores”.
La decisión se fundamenta en que “el Decreto (del Poder Ejecutivo Nacional) 759/2025, si bien promulga formalmente la ley, suspende materialmente su aplicación, al subordinar su ejecución a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629 y a la futura determinación de fuentes de financiamiento por parte del Congreso”.
La resolución de la UNS considera que “tal fundamentación resulta aparente y falaz, en tanto el Poder Ejecutivo gobierna bajo un régimen de presupuesto prorrogado, lo que le otorga amplias facultades para reasignar partidas y disponer de los fondos necesarios para su cumplimiento”.
Según los consejeros, “esta decisión configura, en los hechos, un veto implícito, contrario a la voluntad expresada por más de las dos terceras partes del Congreso de la Nación, y reviste una grave afectación institucional al desconocer la soberanía del Poder Legislativo”, y además “esta postura del Poder Ejecutivo de la Nación altera gravemente la división de poderes que sustenta el sistema republicano de gobierno que asume el art. 1° de la Constitución Nacional, al desconocer las atribuciones del Congreso de la Nación en materia legislativa”
Además, en la misma resolución se incluyó la siguiente declaración:
Ante el Decreto 759/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional promulga y suspende la ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y
Recomposición del Salario Docente, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur manifiesta su profunda preocupación por la afectación de la institucionalidad del sistema republicano de gobierno establecido en el art. 1° de la Constitución Nacional.
Ante esta situación, repudiamos la decisión de desconocer sistemáticamente las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, con relación al financiamiento en materia de discapacidad, salud y educación públicas.
Exigimos al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata aplicación de la Ley 27.795, garantizando el financiamiento adecuado del sistema universitario público y la recomposición salarial del personal docente y Nodocente, conforme a los principios republicanos, la división de poderes y la obligación constitucional de asegurar el derecho a la educación pública en todo el territorio nacional.
Incumplir la Constitución Nacional pone en peligro el Estado de derecho.
La postura del resto de las universidades:
Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó el miércoles por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795). La UBA fue la primera que anunció esta medida que ahora adoptan también la mayoría de las casas de altos estudios nacionales.
“40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó el presidente de este Consejo, Oscar Alpa, para resumir el acuerdo de la totalidad de las instituciones universitarias nacionales presentes en el plenario.
“Un decreto no puede suspender una ley”, completó el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA. “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.
El camino de la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley N° 27.795, conocida como “Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, surgió como respuesta a la crisis presupuestaria de las universidades públicas, agravada por la inflación y recortes en 2024. Fue aprobado por amplias mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado, con el objetivo de actualizar el presupuesto universitario al 1° de enero de 2025, asignar fondos para enseñanza, investigación, extensión, becas e infraestructura, y establecer actualizaciones bimestrales automáticas.
El Poder Ejecutivo vetó la ley total mediante el Decreto 647/2025, argumentando “deficiencias en el financiamiento” y un “impacto fiscal desequilibrado” que afectaría la coparticipación federal y los aportes del Tesoro Nacional. El Ejecutivo alegó que la fuente de fondos (incrementos de ingresos corrientes) era insuficiente y no configuraba una base real.
Ambas cámaras rechazaron el veto por mayorías calificadas, ratificando el proyecto original. Sin embargo, a través del Decreto 759/2025, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno promulgó la ley, pero “suspendió su aplicación”.
