Las actividades parlamentarias especiales tendrán lugar desde el 2 hasta el 27 del próximo mes.
El presidente Javier Milei convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires del 2 al 27 de febrero de 2026, según el Decreto 24/2026 publicado este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial. Se trata de la segunda ronda de sesiones fuera del año legislativo.
Entre los asuntos destacados que integran la agenda figuran el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE).
Además, está prevista la evaluación de la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.
En los hechos, la convocatoria especial representa un movimiento formal y político, ya que permite al Ejecutivo definir los asuntos legislativos que pueden tratarse fuera del período ordinario, en el que los propios legisladores determinan la agenda.
La publicación en el boletín señala que el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario y estipula que cualquier tratamiento fuera de esa agenda necesitará de una nueva citación o el consentimiento expreso del presidente. “Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, indica literalmente el artículo primero.
De hecho, se trata de la segunda convocatoria que hace el Gobierno en medio del receso legislativo. En diciembre, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la era Milei, y la Ley de Inocencia Fiscal.
Por su parte, el Senado avanzó en la protección del calendario legislativo para la aprobación de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero, mientras el oficialismo se encuentra abocado a definir el respaldo parlamentario necesario y concluir las modificaciones finales al texto. La estrategia, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, busca asegurar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, previo al inicio de las sesiones ordinarias encabezadas por Javier Milei el domingo 1 de marzo.
La confirmación del blindaje del cronograma llegó luego de que sectores internos y externos del oficialismo resolvieran aspectos políticos y operativos que, aunque invisibles para el público, facilitaron los acuerdos mínimos de avance. Al menos una fuerza del interior del país garantizó su acompañamiento a la iniciativa, despejando algunas dudas sobre el quórum. Este respaldo, según comunicó una fuente, representa que “ya se resolvieron situaciones operativas y políticas previas” que permitieron al oficialismo focalizarse en la construcción de las mayorías necesarias.
El pleno del Senado requiere 37 voluntades para sesionar, cuando el interbloque oficialista que lidera Bullrich suma 21 senadores. El gobierno de La Libertad Avanza debe, por tanto, apelar a los bloques de la UCR (10 miembros), el PRO (tres bancas) y a legisladores provinciales independientes, que no siempre responden a los gobernadores. Así lo expuso la fuente parlamentaria, quien afirmó: “Percibo un buen acompañamiento tanto del PRO como la UCR. Nosotros estamos haciendo las cosas con calma. Cuando se debaten este tipo de leyes hay que mirar más la película que la foto que quiera imponer el kirchnerismo”.
En cuanto a los procedimientos internos, desde el lunes 26 de enero Bullrich dará inicio a una ronda de reuniones directas con integrantes de la oposición dialoguista, posponiendo cualquier definición relevante hasta fines de ese mes o los primeros días de febrero. De manera paralela, una comisión técnica, dirigida por Josefina Tajes, comenzará a trabajar desde ese mismo día en la sistematización de las modificaciones y los reclamos recibidos tanto de bloques opositores como de la CGT. Este equipo buscará articular un texto consensuado que deberá someterse a una doble instancia de votación en el recinto: primero en general y luego artículo por artículo.
El contexto político en la Cámara alta revela una dinámica estival atípica: aunque los sindicatos mantienen una distancia con el Gobierno, procuran hacer oír sus posiciones ante las comisiones técnicas. Mientras tanto, los espacios peronistas sin vínculo directo con el kirchnerismo expresan su descontento por la falta de protagonismo en el debate legislativo, observando desde la periferia cómo evoluciona la discusión central.
