La decisión busca que ninguna de las propuestas debatidas durante la última semana de febrero pudiera caerse, por no cumplir con el tiempo establecido por el reglamento legislativo.
Luego de que el Gobierno evaluara sumar al temario una nueva norma que buscaría compensar lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, se oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Así, el plazo se extenderá hasta el 28 de febrero.
Por medio de la publicación del Decreto 103/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei autorizó extender el plazo previsto para el príodo extraordinario. Así, se dictaminó: “Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026″.
En este sentido, se sumará un día extra al cronograma previsto. El cambio busca satisfacer la norma interna de la Cámara de Diputados, que determina que, si restan diez días o menos para el fin de sesiones, la emisión de un dictamen particularmente carecería de efectos prácticos.
De la misma manera, el jefe de Estado confirmó que se sumará a la lista de asuntos a tratar “la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente». Se trata de una propuesta que el Poder Ejecutivo Nacional enviará al recinto legislativo.
La decisión de incluir la cuestión de la actualización presupuestaria para universidades surgió después de que el Gobierno apelara la medida cautelar que los obligaba a aplicar el proyecto que fue aprobado a mediados de 2025.
Desde Balcarce 50, los funcionarios mostraron a Infobae optimismo respecto a los objetivos legislativos previstos para el receso de verano, pese a que el reglamento parlamentario formalmente exige que toda ampliación del temario se vote en el recinto. A pesar de esto, existen precedentes de proyectos incorporados por decreto, sin necesidad de acuerdo explícito en el Congreso, lo que allanaría el camino para instrumentar la nueva adecuación legal.
La crisis por el financiamiento universitario, que se registró entre 2024 y 2025, tuvo una escalada significativa, con protestas masivas y una segunda convocatoria federal en septiembre de 2025, tras el veto presidencial a la ley sancionada para el sector. Esta presión motivó al oficialismo a buscar una salida política que evite una profundización judicial del conflicto.
A raíz de esto, los altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron recientemente con Carlos Greco, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y miembro de su Comité Ejecutivo.
Según informó una fuente calificada a este medio, los encuentros apuntaron a consensuar una actualización del financiamiento universitario, con previsibilidad y resguardo jurídico para las casas de estudio. Asimismo, se buscaría impulsar una medida que no comprometa el equilibrio fiscal, que es defendido a capa y espada por el Gobierno nacional.
Desde el inicio del debate, la administración libertaria enfatizó que toda modificación del esquema financiero universitario debe enmarcarse en su política fiscal. En ese sentido, la intención sería consensuar una norma que reemplace la anterior y logre el respaldo necesario en el Congreso. “Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable”, explicó una fuente referenciada por este medio.
Por este motivo, la Procuración del Tesoro presentó un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde el Ejecutivo solicitó que la apelación sobre la ley votada en 2024 tenga efecto suspensivo, permitiendo la discusión de una ley adaptada a las nuevas reglas fiscales, mientras se resuelve en la instancia judicial.
En línea con esto, el Presidente espera que la reforma laboral se sancione durante febrero, antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, prevista para el 1 de marzo, donde presentará la hoja de ruta anual en su tradicional discurso.
Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ya obtuvo media sanción de la reforma laboral y avances en la Ley Penal Juvenil y el acuerdo con Mercosur. No obstante, consideraron crucial el tratamiento de un nuevo marco legal a medida para las universidades, con el objetivo de enfrentar el año con los temas centrales redefinidos en el Congreso.
