Luis Armando López, padre de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció el pasado 6 de abril en Comodoro Rivadavia, solicitó la inmediata imputación y detención de Maicol González y Mariela Beatriz Altamirano, el padrastro y la madre biológica del pequeño.
La acusación es gravísima: homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.
El documento presentado ante la fiscalía describe un escenario de «producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes». Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.
La autopsia preliminar resultó clave al revelar lesiones traumáticas en la región craneal, las cuales son incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad. A esto se suma el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor y presenciado episodios donde la madre, en medio de una crisis, le recriminaba a González: «¡Vos le pegás al mío!».
La «Ley Lucio» y la responsabilidad de los funcionarios
Uno de los puntos más contundentes de la denuncia es la acusación contra el Juez de Familia, Pablo José Pérez; la Asesora de Familia, Verónica Roldán, y la licenciada del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva. La querella sostiene que estos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio.
El relato cronológico es estremecedor:
- Advertencias ignoradas: el sistema judicial ya había rechazado tres veces la restitución del niño a su madre biológica por considerarla un entorno no seguro.
- El grito de Ángel: en febrero de 2026, el Juez Pérez y la Asesora Roldán escucharon personalmente al niño en audiencia. Ángel expresó con claridad que su centro de vida era con su madre de crianza, Lorena Andrade, y no identificó a Altamirano como su núcleo afectivo. Pese a esto, no se dictó ninguna medida de protección.
- Aislamiento fatal: en marzo, una restricción perimetral prohibió a la familia paterna y a la madre de crianza todo contacto con el niño, dejándolo solo con sus presuntos agresores semanas antes de su muerte.
Castillo traza un paralelismo directo con el caso de Lucio Dupuy, señalando que los funcionarios habrían incumplido los deberes de capacitación y detección temprana que impone la Ley 27.709 (Ley Lucio).
Peligro de fuga y quema de evidencia
La solicitud de detención inmediata se fundamenta en riesgos procesales concretos. La querella presentó pruebas de que los imputados habrían quemado prendas de vestir del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos y signos de violencia. Además, existiría un plan concreto de fuga hacia El Dorado, Misiones, gestionado por Altamirano a través de un familiar.
«Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda», sostiene la denuncia. Mientras la ciudad de Comodoro Rivadavia sigue conmocionada, la justicia tiene ahora en sus manos el pedido de detención para evitar que, tras el horror, llegue la impunidad.
