El Ministerio de Economía busca ejercer un registro más cercano de fondos excedentes y de la liquidez del sector público y busca que esos fondos se destinen a títulos públicos para financiar al Tesoro.
El Gobierno reforzará el control del gasto público en todas las áreas del Estado, buscará que organismos públicos financien más al Tesoro a través de la compra de títulos públicos. Se suma así a una serie de medidas de los últimos meses para ajustar la velocidad a la que crecía el gasto y que presionaba sobre el objetivo fiscal acordado con el Fondo Monetario.
Mientras el Congreso debate el Presupuesto 2023, el Gobierno continúa realizando modificaciones en el esquema de reparto de fondos para el ejercicio de este año. En ese sentido, el Ministerio de Economía le dará unos $5.600 millones al área de seguridad y fuerzas armadas para el pago de salarios, pero tendrá un efecto fiscal neutro porque compensará con obligaciones a cargo del Tesoro.
A través de una resolución publicada este martes al mediodía en un suplemento del Boletín Oficial, el Ministerio de Economía reasignó una porción poco significativa del presupuesto de este año, pero también perfiló una serie de medidas en el marco de lo que el ministro Sergio Massa llamó desde el inicio de su gestión el “ordenamiento fiscal” para asegurar el cumplimiento de la meta de reducción del déficit comprometida con el Fondo Monetario Internacional, equivalente al 2,5% del PBI.
Fue en ese marco en que el Palacio de Hacienda activó desde agosto medidas como la puesta en marcha de un esquema más estricto de límite a los subsidios, con tope de consumo, un techo presupuestario a todas las áreas del Estado, el congelamiento de la planta de trabajadores del sector público y una desaceleración en el ritmo del gasto público.
En ese contexto, la Secretaría de Hacienda determinó que podrá ejercer un control más cercano sobre la caja. Así, decidió que cada mes, a la altura del día 10, cada organismo público deberá informar “el flujo de fondos ejecutado al cierre del mes anterior, el flujo de fondos proyectado, incorporando todos los gastos y recursos hasta el cierre del ejercicio y el estado de las disponibilidades e inversiones al cierre de cada mes”, sostiene el decreto.
Otra pata del control de la caja pública será por el lado de los fondos excedentes y la liquidez con la que cuente el sector público y qué utilización podrá hacer de ese dinero. La norma conocida hoy modifica una resolución de hace poco más de tres años que ya buscaba que los organismos que dependen del Estado vuelquen esa plata para financiar al Tesoro mediante la compra de títulos públicos.
En los cambios determinados este lunes el Gobierno refuerza esa intención y la hace más amplia. Por un lado, eliminó el tope de duración que deberían tener esos títulos que compren los organismos del sector público al Tesoro, que anteriormente era de un máximo de 180 días. Ese límite no correrá más.
Por otra parte, lo hará más estricto. Mientras la versión anterior de esa medida otorgaba canales para que los organismos involucrados puedan “esquivar” esa obligación en la medida que haya razones que lo justifiquen en base a su “marco legal”, el decreto de este martes sostiene que esos entes “deberán cumplir con la presente medida, observando los límites y/o restricciones que establezcan sus respectivas normas de creación”.
Según explicaron fuentes oficiales, se trata entonces de la extensión de una medida que ya existía y representará en ese sentido cambios menores, aunque implicará un reajuste en la normativa para propiciar un financiamiento mayor a través de la propia liquidez del sector público hacia bonos y letras que emita el Tesoro.
Un informe de este lunes de la consultora Analytica midió, con datos oficiales, cuál es el ritmo de gasto en las primeras tres semanas del mes, con información más anticipada que el informe de las cuentas públicas que elabora la Secretaría de Hacienda. “En la tercera semana de octubre, el gasto primario real fue 33,3% inferior respecto de igual semana de septiembre, y 21,9% de un año atrás”, consideró la consultora.
“La mayor parte de las partidas tuvieron el mismo comportamiento interanual, excepto los programas sociales debido al incremento de las políticas alimentarias y de becas Progresar otorgados en el año. En la variación mensual se sigue recuperando la obra pública debido a las partidas de energía, en particular por las obras de la Comisión Nacional de Energía Atómica”, continuó.
El organismo, en ese sentido, alentó una reducción en términos reales del gasto para que el Gobierno allane el terreno al cumplimiento de la meta de déficit primario, equivalente al 2,5% del Producto Bruto Interno. Massa se comprometió ante los funcionarios del Fondo a cumplir ese objetivo sin desviarse y para eso echó mano a algunas medidas, como la puesta en marcha de la segmentación de tarifas con tope de consumo, el adelanto de Ganancias, el tope de fondeo presupuestario a todas las áreas del Estado y el congelamiento de ingresos de nuevos empleados al sector público.
Otro elemento que tiene peso en el frente fiscal es la llamada deuda flotante, es decir los pagos atrasados que acumula el Estado. Es, además, un tema sensible con el Fondo Monetario Internacional. Los números de deuda flotante forman parte del conjunto de metas cuantificables con el FMI, aunque con un nivel de relevancia menor en comparación con déficit primario, reservas o emisión monetaria.
En ese sentido, el FMI calculó que a fines de junio, la deuda flotante había ascendido hasta unos $800.000 millones y que desde ese momento hasta mediados de septiembre ese número cayó hasta unos $530.000 millones, más en línea con el techo para este ítem previsto en el acuerdo, que a fines de septiembre fue de $612.000 millones. De todas formas, hacia finales de septiembre los datos de la Tesorería General muestran que hubo, en comparación con agosto, un avance en los atrasos en los pagos: pasaron de $713.000 millones hasta $841.000 millones.
