Desde el oficialismo aseguran que no se respetaron los acuerdos con los gobernadores. Molestia en la UCR, HCF e IF sobre los ataques públicos de los libertarios.
“Ganaste pibe, disfrutá”. Luego de que el oficialismo decidiera enviar de vuelta a comisión la Ley Ómnibus, Miguel Ángel Pichetto le reconoció la victoria política a Germán Martínez, jefe de la bancada peronista.
Antes de comenzar a debatir los artículos relacionados con la privatización de empresas públicas, los libertarios ya se encaminaban a quedarse con una cáscara vacía, una ley sin todos los artículos que el Gobierno consideraba vitales. Volver a foja cero representa un traspié, pero seguir perdiendo artículos en el camino era inaceptable.
La votación de los primeros cinco artículos encendieron las señales de alarma. Se aprobaron seis emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa (hace un mes eran 12). Pero los problemas comenzaron con las facultades delegadas.
El radicalismo propuso una moción de orden para votar cada inciso por separado, dejando en claro que muchos puntos no reunían consenso. En concreto, ante la preocupación de los gobernadores, la oposición dialoguista quería evitar que el Gobierno tenga facultades para modificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos que impactan directamente en las provincias.
De hecho, el diputado de Hacemo Coalición Federal Nicolás Massot propuso una solución intermedia: agregar al final del inciso H que se excluían el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fondo Fiduciario Regional de Infraestructura. La sugerencia fue aceptada por el miembro informante.
Los primeros seis incisos salieron aprobados con los números cada vez más justos. Sin embargo, el punto H finalmente salió rechazado. Era previsible.
Pero hubo más sorpresas para el oficialismo. También se cayeron el inciso I, que habilitaba a regular y reordenar el sector energético; y el J, que apuntaba a fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad.
“Facultades delegadas pero delgaditas”, había bromeado un diputado del radicalismo durante el cuarto intermedio. Ante la consulta de Infobae, una diputada del PRO explicó que “sin bases no hay delegación”, por lo tanto las emergencias en Energía y Seguridad se vuelven simplemente “declarativas”, es decir, sin aplicación concreta.
Los planes de Milei recibirían un segundo golpe en el capítulo de Reforma del Estado, ya que todos los incisos menos uno fueron rechazados. Solo el punto B reunió consenso: “Regular e implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración Pública nacional mediante un sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas objetivas preestablecidas”.
En tanto, fueron rechazadas las facultades de: regular y concentrar en un marco regulatorio la organización y funcionamiento interno del Sector Público Nacional; centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional; suprimir total o parcialmente competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tornado manifiestamente innecesario de los órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional; intervenir todos los entes, empresas y sociedades del Sector Público Nacional; y transformar, modificar, liquidar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios y/o revertir sus recursos a Rentas Generales con el objeto de asegurar una mayor transparencia en su administración.
“Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo”, había advertido con mucho fastidio Miguel Pichetto desde su banca, para luego ir más allá y pedir un cuarto intermedio para que los jefes de bloque se reúnan con el presidente de la Cámara, Martín Menem.
Germán Martínez, jefe del bloque UxP, intentó ingresar a la reunión pero Martín Menem le pidió que primero lo dejara a solas con los presidentes de los bloques dialoguistas. “No hay que ir a una reunión a la que no te invitan”, se lamentó.
Oscar Zago, titular de la bancada libertaria, y Santiago Caputo, principal estratega del Gobierno y asesor cercano a Javier Milei, comenzaron a “porotear” votos para la privatización. Las cuentas no cerraban y finalmente Caputo anunció que el Gobierno retiraría el proyecto antes de que lo sigan “despedazando”.
“Los gobernadores tomaron la decisión de destruir la Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”, planteó el comunicado de la Casa Rosada, dejando en claro a quién eligió como responsable del fracaso.
Minutos antes, una diputada del radicalismo anticipaba lo que ocurriría. “Seguramente echarán culpas para todos lados, es parte de su inmadurez política”, sentenciaba.
Sin embargo, para el radicalismo y otros sectores de HCF e Innovación Federal, “el Congreso sale fortalecido” porque consideran que Milei tiene que entender que “no puede avanzar a las trompadas”. “Hay un fortalecimiento de la política, el Congreso funciona, su reglamento se respeta y se usa”, sintetizaron.
Otros que festejaron fueron los peronistas, que desde el primer momento habían intentado frenar la aprobación del proyecto por todos los medios reglamentarios. Cuando se levantó la reunión se los vio sonrientes, cantando la Marcha Peronista por la escalera que va al tercer piso para una reunión de bloque.
“Cumplimos cuando firmamos el dictamen y cuando aprobamos en general, siempre buscamos dar gobernabilidad”, protestó un diputado de Córdoba tras escuchar que la Casa Rosada culpaba a los gobernadores.
Zago, el jefe del bloque libertario, se dirigía enojado a su despacho. Según reveló, iba a controlar quiénes se habían “dado vuelta” en la votación en particular. “No hubo compromiso de los que ya se habían comprometido”, dijo en referencia a las conversaciones de esta mañana entre Luis Caputo y algunos líderes provinciales.
Para muchos el problema fue que la sesión empezó sin un panorama claro de qué pasaría con los fondos para las provincias, golpeadas por el recorte de transferencias y la caída de la recaudación. Los diputados que responden a mandatarios provinciales seguían amenazando con proponer coparticipar una parte del impuesto PAIS. Por su parte, Luis Caputo les había prometido a los gobernadores, al igual que Guillermo Francos la semana pasada, que en los próximos días se juntarían a negociar la “cuestión fiscal”. “No confiaban, era solo un compromiso de palabra”, explicó un importante peronista anti K.
Tanto la UCR como Innovación Federal aseguran que siempre dejaron en claro cuántos de sus diputados estaban dispuestos a votar cada artículo en particular. “Con la reforma del Estado se habían comprometido a hacer más cambios pero mandaron la misma redacción, no hubo sorpresas, ellos sabían”, explicó una diputada de la Coalición Cívica, que también fue muy crítica de las facultades delegadas.
Los radicales, que también habían manifestado sus dudas sobre las facultades de intervención de entes públicos, se encontraron con que el lunes el Gobierno decidió intervenir todos los medios públicos en base al DNU. “La facultad de intervenir del artículo 5 tenía un peso la semana pasada y después tuvo otro”, explicaron. Algo similar a lo que sucedió con las facultades en materia de Seguridad, que quedaron bajo la lupa cuando la policía detuvo a militantes radicales que cantaban el himno en la vereda durante la primera jornada de debate.
En la reunión de bloque que tuvieron al terminar la sesión muchos se mostraron hartos de los maltratos del Gobierno, especialmente porque recuerdan que la UCR aportó 32 votos para la aprobación en general y 28 para las facultades delegadas. “Solo 6 votaron en contra y siempre le blanqueamos a Menem que el grupito de Manes no iba a acompañar”, dijeron a Infobae.
En el oficialismo no hay certezas sobre cuándo y cómo continuará el debate de la Ley de Bases. Zago aseguró que buscará retomar el debate en comisión esta semana, ya que las sesiones extraordinarias fueron prorrogadas hasta el 15 de febrero. Otros reconocen por lo bajo que habrá que esperar hasta marzo.
“La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno”, concluyó la Casa Rosada. Un mensaje elíptico que anticipa que ahora se abrirá una fuerte disputa ante la opinión pública.
