Las autoridades reconocieron que las plazas que ofrece el Sistema Penitenciario Federal fueron superadas.
Luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunciara que las fugas de las comisarías porteñas que sucedieron en las últimas semanas eran consecuencia de la incapacidad del Sistema Penitenciario Federal de recibir a los delincuentes con condenas firmes, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la emergencia penitenciaria a raíz de la superpoblación que se detectó en las cárceles.
La titular de la cartera Patricia Bullrich oficializó la medida por medio de la publicación de la Resolución 254/2024 en el Boletín Oficial, en donde señaló que el estado de emergencia permanecerá vigente por dos años. Esta se trata de la segunda renovación del plazo desde que este fue prorrogado en el 26 de marzo de 2019, aunque en esa oportunidad la medida tuvo una duración de tres años.
De esta manera, la ministra confirmó que la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria continuará activa, pero que pasará a depender de las directrices enviadas por la Secretaría de Asuntos Penitenciarios. Además, ordenó al grupo especializado a trabajar en la elaboración y estudio de las propuestas de reformas existentes para poder resolver la situación.
Hasta el momento, la problemática lleva casi cinco años sin encontrar respuesta, por lo que se tomó la decisión de ampliar la cantidad de miembros del comité con el objetivo de profundizar y acelerar el ritmo laboral del mismo. En este sentido, desde el Gobierno alertaron por el empeoramiento del sistema penitenciario, tras precisar que “las circunstancias objetivas que motivaron la declaración de la emergencia penitenciaria en los años 2019 y 2022 no se han modificado, antes bien, se han profundizado”.
Desde el Ministerio de Seguridad reportaron que el Sistema Penitenciario Federal posee la capacidad de alojar hasta 11.361 personas, según lo que se había establecido en la Resolución Ministerial de Condiciones de Habitabilidad expedida el 29 de junio de 2021. No obstante, en la actualidad el límite fue sobrepasado, debido a que hay un total de 11.453 de detenidos en los diferentes penales que conforman la red carcelaria nacional.
Acerca de la situación procesal de los reclusos, las autoridades señalaron que el 54,88% de ellos contaban con condenas fijas y que el 45,10% restante se tratarían de detenidos en calidad de procesados en causas que aún no recibieron un veredicto final. Asimismo, indicaron que hay unas 4.265 personas privadas de la libertad que están bajo el resguardo de otras áreas a la espera de ser ingresadas a las dependencias federales.
Según el relevamiento que realizó la cartera de Seguridad, la mayoría de los detenidos se encontraban bajo la órbita de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con un total de 1.886 de presos, seguido por los Servicios Penitenciarios Provinciales, con 1.737 reclusos. “La cantidad de plazas disponibles resulta insuficiente para satisfacer la demanda de ingreso de detenidos al sistema carcelario federal”, reconocieron.
En el caso de los demás organismos, informaron que hay otros 246 detenidos bajo el ala del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, 212 de la Policía Federal Argentina, 154 de la Gendarmería Nacional Argentina, 17 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 16 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y 3 de la Prefectura Naval Argentina.
De la misma forma, admitieron que hay otras 5.564 personas con causas penales que pertenecen a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos traspasos no pudieron ser tramitados por la falta de alojamiento disponible en el Servicio Penitenciario Federal. Por este motivo, 1.334 personas de este grupo fueron incluidas en el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, el cual surgió como una alternativa temporal para sobrellevar el problema.
La ministra señaló la importancia de construir nuevas estructuras carcelarias para poder superar la emergencia, por lo que será uno de los objetivos de la nueva gestión. Asimismo, informaron que continuarán con los avances en las obras que habían sido paralizadas, entre ellas, el “Complejo Federal Penitenciario Argentina – Coronda- Provincia de Santa Fe”, que se completó en un 52%, y el “Centro Federal Penitenciario Argentino – Coronda- Provincia de Santa Fe”, que alcanzó un total de 95% de infraestructura completada.
En los planes también se incluirá la construcción del “Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz” que había sido suspendido por decisión unilateral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, remarcaron que la construcción de la cárcel servirá para trasladar a varios reclusos que hoy se encuentran en Devoto.
Por último, señalaron que “la infraestructura existente se encontraría obsoleta y, además, que en los últimos años no se habría llevado a cabo el mínimo mantenimiento necesario para mantener su habitabilidad y operatividad en condiciones de seguridad”, lo que motivará a realizarse relevamientos en el resto de las Unidades Penitenciarias Federales. De esta forma, podrá tenerse un diagnóstico certero de las obras y mantenimiento que deberían realizarse para garantizar las condiciones de habitabilidad de los reclusos.
