Un día antes del paro general, el dirigente José Luis Lingeri tuvo el primer encuentro con el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El Gobierno y la CGT inauguraron un canal de diálogo para intentar resolver los serios problemas financieros que tienen las obras sociales, aunque las eventuales soluciones a los planteos sindicales dependerán de la decisión del Ministerio de Economía de liberar los fondos necesarios.
El acercamiento se registró el miércoles pasado, un día antes del paro general de 24 horas, cuando el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, tuvo su primer encuentro con el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Gabriel Oriolo, ex directivo de OSDE, y el gerente general del organismo, Claudio Stivelman. La reunión, anticipada por el periodista Juan Pablo Kavanagh, se convirtió en un dato clave que puede ser acompañado por otros gestos de distensión entre ambas partes: en la CGT pierde peso la idea de hacer otra medida de fuerza y gana espacio la intención de alcanzar una tregua para entablar tratativas con los referentes libertarios.
¿Qué reclamos llevó Lingeri al encuentro? “Le dije que había que trabajar sobre el reemplazo del Programa Médico Obligatorio (PMO) actual por una canasta de servicios de emergencia cuyo contenido sea explícito y limite la responsabilidad jurídica de las obras sociales a su estricto cumplimiento -sostuvo-. Los costos del PMO se fueron a las nubes y uno que había elaborado la Superintendencia con un préstamo del BID es más caro que el que está actualmente. Eso significa que los monotributistas aportan $13.000, y con el descuento del fondo de retribución queda en $11.000, pero con la remarcación de precios de los medicamentos ese valor da casi para pagar sólo aspirinas. Por eso planteamos que había que subir los aportes que hacen al sistema los monotributistas, igual que en el caso de los beneficiarios del PAMI que reciben atención a través de las obras sociales”.
El líder del Sindicato de Obras Sanitarias, el mayor experto de la CGT en el sistema de obras sociales, señaló que también le planteó a Oriolo la necesidad de “transferir la atención de monotributistas para ver cómo reacomodamos a los monotributistas sociales, quién le da la cobertura y cómo se formaliza el hecho de que puedan tener una contención también en el rubro médico y asistencial” .
Otro tema que surgió en la reunión, dijo Lingeri, fue “limitar la responsabilidad de cobertura de las obras sociales a productos nacionales, tanto en lo que se refiere a medicamentos como en prótesis, órtesis, implantes y cualquier otro elemento en que exista oferta nacional para su cobertura”.
Además, se habló sobre la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en el ámbito del Ministerio de Salud, para evaluar el costo-eficacia de las nuevas tecnologías que son siempre de alto costo, un proyecto que la CGT viene proponiendo desde el gobierno de Cambiemos a través del entonces titular de la Superintendencia, el reconocido sanitarista Luis Scervino.
Uno de los principales puntos que el sindicalismo reclama es que los gastos de transporte y educación para los afiliados con discapacidad sean aportados por las dependencias gubernamentales respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que actualmente los financia a través de los reintegros a las obras sociales. El desfinanciamiento del sistema sindical de salud se profundiza desde hace años porque esas prestaciones representan cerca del 70% de la recaudación del FSR.
En diciembre pasado, por ejemplo, el Fondo Solidario de Redistribución recaudó 47.666 millones de pesos, pero 33.224 millones fueron destinados a pagar los gastos por discapacidad en los rubros de transporte y educación, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero correspondiente a las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.
“En marzo, el Gobierno aumentó un 12% las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad y eso significa que otra vez ese rubro se lleva prácticamente la totalidad del fondo”, dijo Lingeri.
El reclamo de la CGT por las prestaciones por discapacidad en educación y transporte había sido efectuado de manera insistente durante el gobierno de Alberto Fernández, quien prometió soluciones que nunca llegaron. Cuando Sergio Massa fue ministro de Economía, el sindicalismo logró que se incluyera en el Presupuesto 2023 una partida especial para que el gasto por discapacidad fueran financiadas directamente por el Estado. De esos 132.000 millones de pesos destinados a ese fin, sin embargo, el sistema de obras sociales recibió sólo 70 mil millones. El resto lo retuvo desde entonces el Tesoro Nacional y ese panorama no se modificó cuando Milei asumió la Presidencia.
El gremialista conversó, además, sobre los problemas generados por la decisión del gobierno de Javier Milei de cambiar el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), destinado a complementar los ingresos de las obras sociales: un 20% se repartía en partes iguales entre todas las entidades con más de 5.000 afiliados y el 80%, en forma directamente proporcional al número de beneficiarios. Según la Casa Rosada, ese subsidio “generó enormes distorsiones en la distribución de recursos, vulnerando los principios de equidad y justicia distributiva que deben regir al Sistema Nacional del Seguro de Salud” y su “diseño inadecuado implicó que algunas obras sociales recibieran recursos del Fondo Solidario de Redistribución en perjuicio de otras y, por ende, de los propios afiliados”.
Lo que planteó el experto cegetista es que la desaparición del subsidio SUMA implicará la distribución del dinero en base de la cantidad de afiliados y así se perjudicarán las obras sociales más chicas. Por eso propuso al titular de la Superintendencia que a las obras sociales con menos afiliados que sean “viables habría que compensarles algo a través del Sistema Único de Reintegros (SUR), que cubre intervenciones médicas y medicamentos de alto impacto económico y baja incidencia”.
