Amalia Granata encabezó la rebelión del bloque Somos Vida de la Cámara de Diputados, que presentó una demanda para pedir que se suspenda la reforma previsional aprobada la semana pasada en medio de una fuerte tensión en las afueras de la Legislatura. Empleados judiciales la ovacionaron al formalizar la demanda, sector al que más toca la nueva ley.
«Ahora hay gente nueva que no va a permitir el avasallamiento en la Legislatura», disparó Granata contra el oficialismo antes de contar su versión de los hechos vividos el jueves pasado en el recinto, que derivó en la presentación judicial mencionada.
Cuando el jueves pasado promediaba la sesión y ya habían expuesto la mayoría de los bloques, el diputado socialista Pablo Farías pidió una moción de orden para interrumpir el debate y votar, y luego continuar con las exposiciones, porque la tensión en la puerta de la Legislatura se había agravado.
En ese momento la oposición cuestionó el procedimiento y la situación se calentó en el recinto. “No tenían los dos tercios de los votos para pasar la votación. Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados, gritó que pongan la votación en la pantalla. Y ahí nos empezamos a quejar”, contó Granata.
Amalia Granata opositora
La votación cerró con 23 votos positivos, 9 negativos y 11 abstenciones. “De las 11 abstenciones, ninguno se abstuvo. La presidenta se puso a debatir los artículos de la ley más rápido que Speedy González. Fue un caos. Cuando volvimos del cuarto intermedio no pudimos dar la argumentación del voto. Todo irregular, fraudulento, viciado”.
“La casta política brilló el jueves. Hasta el reglamento se pasaron por donde quisieron”, disparó la diputada que engorda su perfil opositor y agregó: “Creen que la Legislatura es de ellos, creen que porque tienen mayoría, es una escribanía del gobernador. Y quedó en claro que no lo va a ser”.
Según Granata, quien fue aplaudida en Tribunales de Santa Fe al presentar la denuncia que intenta suspender la ley previsional, lo que hizo el oficialismo fue «un manejo de la vieja política” y consideró que los políticos “estaban acostumbrados a que eran todo lo mismo, pero ahora hay gente nueva que no va a permitir el avasallamiento”.
La demanda quedó en manos de la jueza Civil y Comercial Nº 10, Romina Kilgelmann.
