El ministro de Justicia de la provincia, Juan Martín Mena, aseguró esta tarde que «si bien no pueden dar demasiados detalles, se está profundizando la investigación» que vincularía a Pablo Antonio Ceferino Dahua -detenido por el crimen de Emanuel Alarcón, cometido el domingo pasado en el barrio Thompson- con el atentado a la sede bahiense de La Cámpora, ocurrido en la madrugada del 25 de mayo de 2021
Acompañado en conferencia de prensa por el titular bonaerense de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente Federico Susbielles, Mena detalló lo que encontraron en el allanamiento realizado en la casa de Dahua, incluyendo aparatos explosivos, panfletería pro nazi y material de guerra.
«Es un hecho de gran gravedad encontrar en un domicilio estos cuatro artefactos armados. Es alarmante. Lamentablemente no son hechos aislados. Es una ciudad que vivió cuatro atentados. Es una obligación actuar con toda la fuerza de la ley para detenerlos», remarcó Mena.
«La usurpación de casas y propiedades es un problema que ocurre, pero no todos aquellos que son usurpados van y matan. Esto da cuenta de un perfil extremadamente violento. Son cosas fuera de lo común. Una persona que estuvo bien escondida durante tres años, como todo indica ser. Hay que ver cual es el perfil psicológico. Hay un montón de testimonios de vecinos. Lo que está claro es todo lo que encontramos», evaluó.
El ministro Alonso, en tanto, detalló que en el allanamiento «aparecen en una habitación cuatro artefactos explosivos para detonar al instante. Se encuentra un montón de material que se utiliza para la elaboración de los mismos. Por supuesto esto le llama mucho la atención a la Policía. Venimos de cuatro atentados en Bahía».
«Se empiezan a indagar los vehículos que esta persona tenía, y la gente que estaba en la casa nos señala que poseía un Fiat Siena gris, similar al auto que se había utilizado en aquel momento, en el atentado a La Cámpora. Se hizo un relevamiento y se encontró que el auto estaba a media cuadra. A partir de todos estos indicios, nos hizo pensar que estaba relacionado», remarcó.
«Lo más grave es que encontramos cuatro aparatos explosivos que podían ser utilizados en cualquier momento porque estaban listos para ser utilizados. Creo que evitamos un hecho, o al menos cuatro episodios de violencia y nos parece que estamos contribuyendo a construir una convivencia democrática», sostuvo.
Susbielles, por su parte, indicó que «a raíz de ese material encontrado en los domicilios, evaluamos la posible conexión y la Policía Federal sigue avanzando en la investigación».
«Estamos actuando con la seriedad y el compromiso que esta causa merece y también con mucha tranquilidad en la investigación. No tenemos dudas de que vamos a trabajar para esclarecer los hechos, que es lo que los bahienses necesitamos», destacó el jefe comunal.
Cabe remarcar que Mena y Alonso estuvieron reunidos previamente con la jueza federal María Gabriela Marrón, a cargo de la causa de La Cámpora y otras sedes políticas, quien ordenó el secreto de sumario.
Qué pasó
En la madrugada del 25 de mayo de 2021, un artefacto explosivo colocado en la sede bahiense de la agrupación justicialista La Cámpora provocó varios destrozos en el frente e interior del edificio. El estallido se dio en la esquina de Beruti y Donado, pasadas las 3 de la mañana. El horario y el encierro por la pandemia colaboraron para que no se registraran víctimas ni heridos. Las pérdidas materiales y los destrozos no se limitaron al edificio, sino que la onda expansiva provocó que ventanas y vidrieras de departamentos y comercios de las inmediaciones volaran en pedazos. El estruendo se escuchó en varias manzanas a la redonda.
En la calle, en las veredas, en el piso, tanto dentro como fuera del local, un mensaje mafioso en forma de panfletos teñía de negro aún más la madrugada bahiense: “A cuidarse, traidores, sabemos donde viven. Estamos hartos de todos ustedes”, rezaba, amenazando con el inicio de una “purga” generalizada.
Las redes sociales fueron inmediatamente el sitio por donde se esparció la noticia; después llegaron los medios de comunicación. Referentes justicialistas y de La Cámpora locales y nacionales se hicieron eco del hecho, y calificaron lo ocurrido como un suceso de “violencia política”; los repudios también llegaron desde otras agrupaciones políticas. El reclamo de una investigación exhaustiva, la búsqueda de culpables y la determinación de no dejar impune el hecho fueron los puntos en común de todos los mensajes.
La Justicia y las fuerzas de seguridad se movieron rápidamente. Más allá del accionar policial local, en pocas horas llegaba a la ciudad personal de la Unidad Antiterrorismo. El secreto de sumario era casi inexpugnable, pero se supo que algunas cámaras -las que funcionaban- habían captado movimientos en las inmediaciones. Se pidió información a aquellos vecinos que pudiesen haber hecho algo, se consiguieron imágenes poco nítidas, se cruzaron líneas telefónicas y hasta se llevó a cabo un allanamiento en Tandil, sin resultados positivos.
Con el correr del tiempo, en ámbitos judiciales reconocían estar limitados por la falta de nuevas líneas investigativas para indagar. Existen imágenes de los supuestos culpables, pero la mala calidad de las imágenes impide identificarlos. Todo parecía indicar que la pesquisa hubiese llegado a un punto muerto.
