Rechazó que exista un desfinanciamiento de la educación pública, por lo que enumeró los recursos invertidos en el sistema durante su gestión.
En la previa de la marcha universitaria, el Gobierno rechazó que exista un desfinanciamiento de la educación pública y alegó que la movilización prevista para este 2 de octubre “responde a intereses políticos”.
Los rectores de las universidades públicas, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con otros organismos que representan a los docentes y no docentes y a agrupaciones estudiantiles, convocaron a una nueva marcha federal universitaria para este miércoles a las 17 horas. La decisión fue informada luego de que el presidente Javier Milei anunciara que vetará la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso. El veto se publicaría sobre el tiempo límite de lo que establece la Constitución.
El principal reclamo de las universidades es la falta de financiamiento al sistema educativo superior. Frente a esto, el Gobierno emitió un comunicado en el que cuestionó la marcha y alegó: “Estamos a favor de la educación universitaria”.
“Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos”, comienza diciendo el escrito. Por esto mismo, pidió “priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas”.
Sobre los principales puntos de conflicto, indicaron que “el Gobierno está al día y paga para que los profesores están en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada”.
“Nunca se desfinanció la educación universitaria pública”, aseguraron, por lo que enumeraron los recursos que destina el Gobierno nacional a la educación superior. “Desde el Ministerio, se han asignado más de 192 mil millones de pesos, cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento (un incremento del 270%). Asimismo, se han asignado partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional”, precisaron.
A su vez, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, informó que los “docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente”. Por consecuencia, plantearon: “Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores”.
“El Ministerio rechaza enfáticamente que las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo. La marcha es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes”, consideraron.
Al convocar a la marcha, los rectores le pidieron al presidente Milei “que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025″. Y argumentan: “No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos”.
Sin embargo, alegó que “los fondos que se transfieren a las universidades en un promedio de 4,6 días, contrastando con los 68,4 días que tomaban las transferencias en administraciones anteriores”.
Además, desde el Gobierno, cuestionaron el rechazo de los gremios al aumento ofrecido al decir que “no hay interés en resolver el conflicto; se trata de una postura política promovida por los gremios universitarios”. Por otro lado, consideraron que las universidades hicieron una “administración ineficiente de los fondos”.
Otra de las cuestiones que generó grandes conflictos entre el Gobierno nacional y las universidades es la negativa a someterse a una auditoria. “Las universidades, especialmente la UBA, no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos”, aclararon. En ese sentido, resaltaron también el costo que significan para el sistema los estudiantes extranjeros que cursan carreras en las universidades públicas y las irregularidades académicas en las que se encuentran algunos estudiantes.
La movilización fue convocada la semana pasada y, con el correr de los días, fue sumando su apoyo. Incluso, la ex presidenta Cristina Kirchner se sumó a la iniciativa y llamó a la sociedad a marchar mañana. Lo hizo al celebrar el aniversario 35 de la Universidad Nacional de Quilmes, mensaje en el que habló de la situación actual del sistema educativo. “Su desfinanciamiento significa, sin lugar a dudas, clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente, que caracterizaron a una Argentina donde el hijo o la hija de un trabajador podía ser presidente o presidenta. Sé de lo que estoy hablando, sé que es verdad porque soy un testimonio de esa Patria que tanto añoramos”, expresó.
