Hoy vence el emplazamiento y el oficialismo no puede por reglamento demorar el debate.
El Congreso avanza para cambiar la ley de DNU
- La oposición quiere poner límites a los decretos de necesidad y urgencia que firma el Presidente.
- Quieren establecer un límite de 120 días para que ambas Cámara se expidan. Si una sola rechaza, el decreto quedaría sin efecto
- El plenario de comisiones debe dictaminar hoy porque en la última sesión se aprobó un emplazamiento
Lo esencial: la oposición negocia para avanzar esta tarde con un dictamen de consenso para reformar la Ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia. Si bien todavía no se llegó a un texto en común, tanto el peronismo como Encuentro Federal, Democracia para Siempre (radicales), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y algunas fuerzas provinciales coinciden en que el gobierno de Javier Milei utilizó de forma abusiva esta herramienta y se deben establecer limitaciones. Si consiguen el dictamen, el tema quedaría listo para debatirse en el recinto a pesar del rechazo libertario.
Sectores de la oposición dialoguista, el peronismo y la izquierda están cerca de llegar a un consenso para modificar la Ley 26.122 que regula el dictado de los decretos de necesidad y urgencia. El objetivo es facilitar y acelerar el proceso para rechazar un DNU y así limitar una herramienta a la que el presidente Javier Milei ha recurrido en repetidas ocasiones ante su debilidad parlamentaria.
Este miércoles es la fecha límite del emplazamiento que la oposición aprobó durante la última sesión, luego de que el oficialismo lograra sostener el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. El emplazamiento obligó al oficialismo a convocar a especialistas para que expongan en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.
Luego de dos reuniones informativas, hoy se deberá avanzar con el dictamen, ya que el oficialismo no puede por reglamento posponer el debate. A los libertarios solo les queda convencer a los dialoguistas para evitar que el peronismo llegue a juntar la mitad de las firmas del plenario. Pero este no sería el caso ya que diferentes sectores, como el bloque Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los radicales de Democracia para Siempre, han dejado en claro que pretenden llevar el tema al recinto.
Los DNU están contemplados en la Constitución Nacional (artículo 99) y el Presidente solo puede utilizarlos bajo una premisa: que existan “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”, de ahí el nombre decretos de “necesidad y urgencia”. No obstante, este criterio pocas veces se cumple y los gobiernos utilizan los decretos para avanzar con iniciativas que no reúnen consenso opositor. Por ejemplo, el DNU 656 que otorgaba $100 mil millones en gastos reservados a la SIDE.
Según la Ley 26.122, el Congreso no puede cambiar los decretos, solo ratificarlos o derogarlos con el rechazo de ambas Cámaras. Este último caso solo se dio una vez en la historia, con la derogación del DNU que ampliaba los fondos a la SIDE. En caso de no ser rechazados, quedan vigentes con fuerza de ley.
Las negociaciones continúan por estas horas y según pudo saber Infobae algunos espacios abogan por un texto “minimalista” que permita dejar de lado las diferencias. Hay varios puntos en discusión: en primer lugar el límite de tiempo para que el Congreso se expida, y por otro lado la bicameralidad para la ratificación.
Mientras que el peronismo pretende que en 90 días ambas Cámaras rechacen o ratifiquen los decretos, los diputados de Encuentro Federal plantean que ese lapso de tiempo es demasiado corto y se inclinan por los 120 días (inspirado por la legislación de Brasil). Una vez cumplido el plazo, los decretos pierden vigencia automáticamente. En tanto, desde la Coalición Cívica advierten que lo mejor es no poner plazos (como funciona en la actualidad).
Por otro lado, la mayoría coincide en que ambas Cámaras deben ratificar un decreto para que quede firme, lo que en la práctica se traduce en que el rechazo de alguno de los cuerpos sería suficiente para que un DNU quede descartado. Por ejemplo, el mega DNU 70 habría quedado sin efecto con el rechazo del Senado. En cambio ahora se mantiene vigente porque Diputados todavía no lo trató a pesar de que ya pasaron diez meses.
El debate sobre la ley de DNU tuvo la particularidad de que dos de los principales bloques cambiaron su posición histórica. A pesar de que siempre la defendió, Unión por la Patria accedió a modificar la Ley 26.122, sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, porque entienden que Milei está haciendo un uso abusivo de esa herramienta. Como ejemplo destacan que ningún gobierno sacó un decreto como el 70/2023 de desregulación de la economía, que modificó cerca de 300 normas. Del otro lado, el PRO, que durante el kirchnerismo impulsó varios proyectos para limitar el uso de los DNU, ahora jugó tácitamente con el oficialismo y pidió más tiempo para dar “un debate serio”. Con malicia algunos diputados memoriosos recordaban que la propia Patricia Bullrich había presentado un proyecto en este sentido durante su paso por la Cámara de Diputados.
Si Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el FIT llevan el tema al recinto la media sanción quedará en manos el bloque radical, que recientemente sufrió una fractura y sigue definiendo cómo será su relación con el Gobierno, y de Innovación Federal, que responde a gobernadores de tres provincias que siguen de cerca las negociaciones por el Presupuesto 2025.
