El juez federal Julián Ercolini llamó a indagatoria al expresidente Alberto Fernández, investigado por presunta corrupción en 45 contratos firmados entre el Estado y Nación Seguros, en los que participaron 25 brokers. La citación está programada para el próximo 20 de noviembre.
Fernández enfrenta cargos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
También han sido citados Héctor Martínez Sosa, quien obtuvo el 42 % de los contratos, y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero. Ambos deberán presentarse ante el juez el 21 de noviembre.
La investigación incluye un decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios, comisiones millonarias, una cooperativa que operaba como financiera y la posible manipulación de acuerdos, componentes que la justicia calificó como una «estructura criminal». Cada elemento constituye la base de las acusaciones por las que el exmandatario deberá responder.
La acusación contra Fernández comienza con el decreto 823/2021, considerado el origen del expediente penal que impulsó la primera imputación por posibles hechos de corrupción fuera de la Casa Rosada. Según los investigadores, la decisión de firmarlo habría bloqueado la posibilidad de licitaciones públicas que garantizaran competencia y transparencia en las contrataciones, uno de los puntos clave de la investigación de Ercolini.
Para esclarecer las supuestas irregularidades, el juzgado se basó en dos informes de auditoría: uno elaborado por Nación Seguros bajo la actual administración, y otro complementario solicitado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
El informe inicial de Nación Seguros destaca que ciertos organismos y dependencias del Estado pagaron comisiones a brokers, representando el 67 % de los montos auditados, equivalente a $ 2.315.868.642. Los principales organismos incluyen Gendarmería Nacional ($ 1.617.740.243), Ministerio de Desarrollo Social ($ 239.621.093), Policía Federal ($ 215.885.324), YPF ($ 141.854.216), entre otros. La SIGEN amplió la información, revelando que el gobierno de Fernández pagó un total de $ 3.453.302.777 en los contratos investigados.
En la documentación aportada al juzgado figuran 81 productores de seguros registrados, de los cuales 33 operaron sin intermediarios. Uno de los puntos críticos de la investigación es determinar si la intervención de brokers era necesaria en la totalidad de los contratos.
Según el escrito «Base de intermediarios», Héctor Martínez Sosa —amigo de Fernández y esposo de su exsecretaria privada— destaca como el broker que más participó en forma personal y como representante de otros productores. Acumuló 19 contratos, logrando así el 42,2 % de las adjudicaciones.
La auditoría de Nación Seguros posiciona a Martínez Sosa como el segundo broker más beneficiado. No obstante, entre él y Bachellier SA, el broker principal, acumulan $ 1.959.941.865, más de la mitad de las comisiones que el Estado desembolsó en estos contratos.
Ercolini busca determinar si hubo un direccionamiento en la adjudicación de contratos en favor de Martínez Sosa. Los informes iniciales indican un claro beneficio para él, respaldado por gestiones adicionales realizadas por su esposa, María Cantero, quien ocupaba el cargo de secretaria privada de Fernández en ese entonces.
