El año parlamentario termina el 30 de noviembre y es improbable que se logre culminar el debate del proyecto de ley.
El Congreso de la Nación Argentina enfrenta un desafío significativo con el inminente cierre del año legislativo el 30 de noviembre, mientras los legisladores se encuentran en un viaje a los Estados Unidos. Esta situación ha dejado en suspenso el debate sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2025. “Pasamos todas las negociaciones para la semana que viene”, explicó una fuente parlamentaria que actualmente se encuentra en los EEUU a la espera de las elecciones que definirán quién será el próximo o la próxima presidente del país del norte del continente.
Aunque no se buscará dictaminar, el bloque de La Libertad Avanza no quiere moverse ni un centímetro de la hoja de ruta que planeó, por lo que este jueves asistirá a la Comisión de Presupuesto el ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones.
El oficialismo y la oposición dialoguista están considerando emitir un dictamen el 19 de noviembre, un día antes del cierre de las sesiones ordinarias. Sin embargo, incluso si el proyecto se presenta en el recinto el 20 de noviembre, aunque el reglamento de Diputados permite llevarlo al pleno el mismo día del dictamen, el tiempo no sería suficiente para que el Senado de la Nación lo debata, ya que se requieren al menos dos semanas para su tratamiento en comisión y posterior discusión en el pleno de la Cámara Alta. En este caso, el reglamento establece un plazo de siete días entre el dictamen de comisión y la posibilidad de incluirlo en el temario de una sesión.
Una alternativa que el Gobierno podría considerar es extender el período de sesiones ordinarias hasta el 20 de diciembre. No obstante, esta opción conlleva el riesgo de que la oposición introduzca sus propios proyectos de ley en el debate, como la modificación de la ley de Decreto de Necesidad y Urgencia, que la oposición ya ha dictaminado y que el oficialismo busca detener.
Este proyecto limita el accionar del Poder Ejecutivo respecto del uso de los DNU, ya que establece que con el rechazo de una de las dos cámaras —hoy se requieren ambas— el decreto queda sin efecto, al igual que los plazos. Actualmente, el Congreso no tiene un plazo para debatir un DNU; el proyecto de ley establece un período de 90 días “corridos”, si en ese lapso no es tratado, automáticamente pierde validez.
Otra posibilidad —y la que representa mayores seguridades para el oficialismo— es convocar a sesiones extraordinarias, en las cuales el temario a tratar sería determinado exclusivamente por el Poder Ejecutivo. En este escenario, si la oposición no logra aprobar el cambio en ambas cámaras antes del 20 de noviembre, tendría que esperar hasta el 1 de marzo de 2025, cuando comienzan las sesiones ordinarias, para llevar el proyecto al pleno de la Cámara de Diputados. Esto le otorgaría al Gobierno un período de tres meses sin conflictos sobre el tema.
Además, durante las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo podría avanzar no solo con el Presupuesto, sino también con otros proyectos como la privatización de Aerolíneas Argentinas y la Ley Hojarasca. Estas medidas forman parte de la agenda que el Gobierno busca impulsar en el contexto actual.
