Gerardo Martínez, líder del sector dialoguista, advirtió a Infobae que cualquier proyecto “no debe poner en tela de juicio los derechos fundamentales de los trabajadores” y señaló que cuando se tocan intereses, indudablemente tiene que haber una negociación”.
El discurso de Javier Milei al inaugurar el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso prendió las luces amarillas en la CGT: su referencia concreta a “profundizar el camino” de la reforma laboral iniciada con la Ley Bases y el DNU 70 puso en alerta al ala dialoguista que maneja la central obrera porque se trata de un tema extremadamente sensible para el sindicalismo, que ya derivó en dos paros generales en los primeros 150 días del gobierno libertario.
De todas formas, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), dijo que “una cosa es el discurso y otra cosa es lo que realmente va a suceder” y afirmó: “Por ahora no ha habido ningún mensaje (del Gobierno) diciendo ‘miren que viene esto o aquello. (La referencia a la reforma laboral) fue para que estuviera en sintonía con lo que tenía que decir. Veremos, pero no creo que se produzca esa situación”.
Aun así, el sindicalista, que tiene una fluida relación con la Casa Rosada, advirtió que la CGT “puede plantear cualquier debate sobre la modernización en las condiciones laborales, pero nada de eso significa poner en tela de juicio los derechos fundamentales de los trabajadores”.
“En ese contexto -agregó-, la postura de la CGT es ni un paso atrás. No como una cuestión antojadiza sino porque todos los derechos conquistados por el sindicalismo son realidades que dieron la oportunidad a los trabajadores de tener un desarrollo equitativo y una movilidad social”.
Martínez admitió que “el sindicalismo está preocupado” por una reforma laboral más profunda, pero enfatizó que causa una mayor inquietud que, “más allá de la importancia del proceso de estabilización macroeconómica, no exista un desarrollo de sustentabilidad donde se apueste al diálogo, un mecanismo que es una llave maestra para resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina”.
Según el líder de la UOCRA, “la sociedad y el sindicalismo no se niegan a debatir, no le tenemos miedo a eso, pero indudablemente quien rehúye de esa condición sobre la base de lo que significa la libertad es el Gobierno, que no acompaña las palabras con los hechos, ya que tienen el atributo de tomar las decisiones, pero también la necesidad de lograr consenso porque no son los dueños de la verdad y cuando se toca intereses, indudablemente tiene que haber una negociación”.
“De la misma manera que el Gobierno solicita al Fondo Monetario una mesa de negociación, eso es lo que pide la sociedad en su conjunto y los trabajadores a través de la CGT para que, en el mismo plano, tengamos la oportunidad de discutir los intereses y la propuesta que tenemos”, señaló.
En el sector dialoguista de la CGT, a partir de los contactos que mantienen con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo, creen que hay pocas probabilidades de que se impulse otra reforma de las leyes laborales sin buscar consenso con la central obrera, aunque, en rigor, no tienen garantías de que el Gobierno los consulte antes de avanzar con más cambios.
Una de las amenazas latentes para la dirigencia gremial es el avance en el Congreso del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado el año pasado en la Cámara Baja por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez, en coautoría con otros 14 colegas del mismo bloque, entre quienes están José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, titular de esa bancada.
En diciembre pasado, en el oficialismo admitieron que había una decisión política de priorizar su aprobación en el primer semestre de 2025 porque apunta a “impulsar el crecimiento de las empresas (especialmente las pymes), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral”.
¿Por qué el temor sindical? Esa iniciativa plantea modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo ya rechazadas por la CGT porque estaban incluidas en el DNU 70 frenado por la Justicia. Entre otros puntos, el proyecto le otorga a los empleadores la posibilidad de introducir de manera unilateral cambios en la forma y modalidades en las que se desarrollan las tareas y al trabajador que no acepta sólo le quedará la opción de considerarse despedido y reclamar una indemnización.
Además, según un análisis de la CTA Autónoma, el texto flexibiliza al extremo el otorgamiento de las vacaciones anuales, habilita a que los convenios colectivos de trabajo modifiquen la jornada laboral con el único límite de respetar un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada, y propone un endurecimiento del régimen de licencias por enfermedad, entre otros puntos.
El otro proyecto de ley que preocupa a la CGT, incluso más que el anterior, es el llamado de Democracia Sindical, promovido por diputados de la UCR y del PRO, entre otros bloques, que elimina la reelección indefinida de los gremialistas, prohíbe la cuota solidaria que sostiene “la caja sindical”, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para “democratizar las obras sociales”.
Aunque esta iniciativa perdió estado parlamentario, ya que en noviembre pasado fracasó el intento del diputado radical Martín Tetaz, titular de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja, para tratarlo en una sesión especial de Diputados, sus impulsores lo presentarán de nuevo este año y están convencidos de que los legisladores de La Libertad Avanza ahora podrían apoyarlo.
Para la CGT, no va a prosperar porque creen que no habrá número suficiente para aprobarlo, pero no saben qué puede pasar en 2026 si Milei logra un amplio triunfo en las elecciones legislativas y suma los respaldos suficientes para concretar lo que sería una pesadilla para el poder sindical.
