El decreto 186/2025 redistribuye partidas para reforzar seguridad, salud y educación, reduce subsidios energéticos y habilita avales a gobernaciones para acceder a deuda externa.
El Gobierno nacional oficializó el primer cambio en el Presupuesto 2025 a través del decreto 186/2025, ante la falta de aprobación de una ley presupuestaria por parte del Congreso, que fuera girado el 15 de septiembre de 2024.
La norma redistribuye partidas, reduce subsidios energéticos y habilita nuevos mecanismos de financiamiento para provincias y el sector eléctrico. También establece un nuevo esquema de pago para deudas del sector eléctrico y permite saldar obligaciones con bienes estatales.
Si bien la norma fue firmada ayer, cuando el Ministerio de Economía dispuso de una partida extraordinaria de $200 mil millones, para asistir a los damnificados por el temporal en Bahía Blanca y General Cerri, principalmente, no incluye esa partida, la cual será motivo de otra reasignación presupuestaria.
Entre los principales puntos del decreto se destacan:
- Reasignación de fondos: Se incrementan partidas para el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de fortalecer el monitoreo de personas procesadas o condenadas. También se destinan más recursos al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad, con foco en la auditoría de pensiones por invalidez. En contrapartida, se reducen las transferencias estatales a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
- Inversión energética: Se refuerzan los aportes a Energía Argentina S.A. (Enaersa) para cubrir gastos asociados a la obra hidroeléctrica Cóndor Cliff – La Barrancosa, en Santa Cruz.
- Deuda de distribuidoras eléctricas: Se establece un régimen especial de regularización para las distribuidoras que mantienen deudas con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluyendo planes de pago en hasta 72 cuotas. Además, se lanza un programa de créditos para aquellas distribuidoras que han cumplido con sus compromisos.
- Financiamiento para provincias: Se habilita al Gobierno nacional a otorgar avales para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedan a crédito externo. También se permite saldar deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales.
- Aportes internacionales: Se aprueban pagos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por USD 2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 436,9 millones en siete cuotas.
- Educación: Se restablece la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075 para garantizar la distribución automática de fondos educativos a provincias y municipios.
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El decreto también ratifica la emergencia en el sector energético hasta el 9 de julio de 2025, con la continuidad del esquema de reducción gradual de subsidios.
Además, establece un cupo fiscal de $195.000 millones para beneficios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
Detalle de la reasignación de partidas
- Asistencia Financiera a Empresas Públicas, Ministerio de Economía: disminuye en $1.378.408 millones;
- Servicios económicos, Obligaciones a cargo del Tesoro: aumenta en $1.245.420 millones;
- Asuntos penitenciarios, Ministerio de Seguridad Nacional: sube en $61.969 millones;
- Actividades Comunes de Programas de Gestión Sanitaria, Ministerio de Salud: amplía en $30.000 millones;
- Seguridad Federal, Ministerio de Seguridad Nacional: se incrementa en $16.429 millones;
- Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, Jefatura de Gabinete de Ministros: recorta $15.000 millones;
- Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa, Ministerio de Salud: crece en $13.507 millones;
- Información de inteligencia de Estado, Presidencia de la Nación: aumenta en $7.366 millones;
- Alistamiento Operacional del Ejército, Ministerio de Defensa: sube en $4.100 millones;
- Actividades centrales Vicejefatura de Gabinete de Ministros: se amplía en $2.529 millones;
- Otras modificaciones: aumentan en otras jurisdicciones en $4.010 millones.
El efecto neto de estas modificaciones implica, en caso de ejecutarse plenamente a lo largo del año, una reducción del gasto total asignado en el Presupuesto vigente de $8.079 millones.
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y de los ministros Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete de Ministros e Interior), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Lugones (Obras Públicas), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).
Superávit fiscal
La medida no afecta el resultado fiscal positivo acumulado hasta el 10 de marzo -último dato de ejecución presupuestaria de la Administración Central-.
Sobre una partida total asignada de gastos para el año de $94,57 billones lleva ejecutados $16,51 billones y efectivamente pagado $15,51 billones.
En tanto, del lado de los recursos, de la pauta de $88,01 billones, ingresaron hasta el lunes último $19,92 billones.
De lo anterior resulta un saldo base caja superavitario hasta el presente de $4,41 billones, el cual se reduce a $3,41 billones en base devengado.
