El Gobierno frena el aumento a las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mientras define la judicialización de la ley que incrementa los fondos derivados al sector. El Ejecutivo no logró frenar el rechazo al veto en la Cámara de Diputados y espera que el Senado lo convalide en el corto plazo.
Es por eso que los equipos técnicos de la Casa Rosada trabajan sobre la estrategia judicial para no tener que aplicar la erogación presupuestaria que indica la ley. En Nación sostienen que buscan evitar realizar un doble aumento en caso de que la Justicia les ordene avanzar con lo dispuesto por ambas cámaras del Congreso.
La mesa política de Balcarce 50 reconoce que el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre que el oficialismo estaba “considerando” un incremento de las prestaciones fue promovido por pedido de diputados aliados para intentar justificar su voto a favor del veto. “No sirvió y por ahora no se va a hacer”, agregan.
El secretario de Comunicación expresó además que la medida se iba a financiar mediante el recorte de fondos de pensiones por invalidez “mal otorgadas”, que todavía no están auditadas en su totalidad. El Ministerio de Salud comenzó a principios de año un proceso de chequeo sobre el universo total de 1.000.000 pensiones, pero solo logró por el momento notificar a 280.000 beneficiarios.
La encargada de trabajar el enfoque jurídico es la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, en conjunto con su mesa de abogados, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro. La primera definición del gabinete es que no promulgarán la ley luego de que la Cámara Alta rechace el veto.
Una de las opciones que el Gobierno evalúa es recurrir a la Corte Suprema para solicitar la nulidad de la sesión en el Senado en la que se votaron las iniciativas. Nación mantiene la intención de argumentar que la autoconvocatoria de Senado es ilegal y que lo aprobado durante la sesión no tiene validez. Planea invocar el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta.
La otra apunta a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo bajo el argumento del impacto fiscal de la medida, que ya lo incluyó en los considerandos del veto. Sostienen además que las fuentes de financiamiento de la ley no contemplan más del 15% de los fondos requeridos para ejecutarla y apela a la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Las distintas oficinas de la Casa Rosada enfrentan a la par un parate luego de la filtración de audios del extitular de la ANDIS en los que denuncia un presunto pedido de coimas. La mesa chica de Balcarce 50 se está enfocando en desarrollar un plan de acción para contener el frente interno y luego el externo. Es por eso que tampoco se dedicará a preparar un aumento a pensiones de discapacidad mientras el organismo se encuentra en plena auditoría e intervención.
