La Secretaría de Finanzas realizó una operación de conversión de títulos en moneda local para despejar obligaciones en el corto plazo.
El Ministerio de Economía consiguió canjear casi un 70% de los vencimientos de deuda en pesos del primer trimestre y así despejó buena parte de las obligaciones de pago para el primer tramo del 2023. El canje de deuda en moneda local que llevó adelante la Secretaría de Finanzas extendió los plazos para su cancelación hasta un período que va desde abril hasta febrero de 2024.
El Palacio de Hacienda realizó en el primer día de operaciones normales en el mercado tras el feriado de este lunes en los Estados Unidos su primera conversión de títulos públicos en pesos, algo que tiene en sus planes repetir de manera periódica para descomprimir la onerosa cuenta de vencimientos que operan en la hoja de ruta financiera hasta antes de la celebración de las elecciones primarias, que suma más de 10 billones de pesos.
En este caso, la Secretaría de Finanzas llevó adelante un primer canje sobre 4,3 billones de pesos cuyo pago caía entre enero y marzo. Entre un 50 y 60 por ciento de la tenencia de esos títulos públicos correspondía a entidades del sector público, por lo que hubo una base de aceptación de la operación que ya se daba por descontada.
Por eso, para reforzar la participación del sector público en la conversión, el equipo económico puso sobre la mesa una oferta de bonos y letras con distintos plazos de vencimientos y coberturas contra aceleración inflacionaria y contra movimientos del tipo de cambio. Un título en particular extendió la fecha de pago hasta febrero de 2024, aunque en el Ministerio de Economía aseguraron que buscaron que ese cupo fuera cubierto por tenedores públicos. En el Palacio de Hacienda consideraron “muy bueno” el resultado de la conversión.
Según aseguraron fuentes oficiales, al canje ingresaron los tenedores de cerca del 70% del total incluido en la operación. De esta manera, la cuenta de vencimientos para los primeros tres meses del año fueron reducidos desde de 4,3 billones acumulados a marzo (1,1 billones en enero, 1,2 billones en febrero y 2 billones más en marzo) hasta $390.000 millones, $420.000 millones y $600.000 millones, respectivamente, lo que da una cuenta final de 1,4 billones de pesos.
El proceso de terminación de la oferta final a los inversores estuvo marcado por un intenso ida y vuelta entre los funcionarios de Economía y ejecutivos del sector financiero para buscar algún tipo de apoyo privado a la operación. “Tuvimos algo de participación, trabajosa, pero participación al fin de sectores no bancarios que nos ayudaron para superar el 60% de aceptación, es algo que a ellos les cuesta mucho y nos acompañaron. Por el perfil de tenedores y de vencimientos fue un buen canje”, resumió un funcionario que siguió de cerca la conversión de activos.
El comunicado oficial del Palacio de Hacienda, incluso, mencionó cuáles fueron las entidades financieras que tuvieron mayor grado de participación en el canje. “Banco Santander y Banco Galicia y, en menor medida, Nuevo Banco de Santa Fe, Banco San Juan y Banco Macro”, enumeraron en Economía.
De acuerdo a la planilla de resultados de la operación, el canje implicará la emisión de nuevas letras con vencimiento al 28 de abril por $274.000 millones, al 31 de mayo por $384.000 millones y al 30 de junio por $439.000 millones. También deberá colocar dos nuevas variantes de bonos duales -que protegen contra inflación y devaluación- con fechas de finalización en julio (por el equivalente a USD 3.500 millones) y otros USD 3.000 millones a febrero de 2024; y por último un bono indexado que va hasta mediados de junio por $220.000 millones.
En los planes del Ministerio de Economía aparece ahora la idea de repetir este tipo de canjes a lo largo del 2023, que podrían repetirse de manera trimestral. La secretaría de Finanzas acudió a lo largo de los últimos meses a un menú de bonos y letras con tasas positivas respecto a la inflación y con distintos formatos, desde títulos atados a la evolución del tipo de cambio para ofrecer cobertura a los inversores, hasta indexados a la inflación y otros a tasa fija.
En la segunda mitad del 2022 la Secretaría de Finanzas que encabeza Eduardo Setti ya había echado mano dos veces a este recurso. En una primera instancia, en agosto, tuvo un porcentaje de aceptación de 85%, mientras que en noviembre fue menor, de un 60 por ciento.
El 18 de enero tendrá lugar la primera de las dos licitaciones de deuda previstas en el calendario que realizará Finanzas. Si bien es temprano y evitan anticipar cuál será el próximo movimiento en la oferta de títulos a los tenedores, en los despachos oficiales aseguraron ante este medio que buscarán, en la medida en que la pulseada con el mercado lo permita, volver a retomar el camino de la extensión de vencimientos, algo que había quedado en suspenso en diciembre por cuestiones estacionales y también por la reticencia del sector privado a “empapelarse” con bonos o letras más allá de la instancia electoral.
De todas formas, no sólo la refinanciación será un desafío ya que, de acuerdo a las proyecciones realizadas por el FMI, el Gobierno deberá ampliar su margen de financiamiento en el mercado para atender las necesidades financieras de 2023, siempre en el marco del cumplimiento de las metas fiscales y monetarias. Según la estimación del organismo, eso debería ocurrir en una magnitud equivalente al 3% del PBI.
El pico de vencimientos para 2023 tendría lugar en julio, con un equivalente en dólares de USD 1.600 millones, aunque la mayor parte corresponde a tenedores del sector privado. Ya desde enero, febrero y marzo esas “torres” se elevan en un rango de entre USD 1.000 y USD 1.200 millones cada mes. En términos generales, el 60% de las obligaciones de pago corresponden a acreedores del propio sector público, proyectó el FMI.
La estrategia de continuar con los canjes a lo largo de 2023 fue expuesta también en el último informe técnico que publicó el Fondo Monetario. En un apartado en el que las autoridades argentinas hacen un análisis sobre la coyuntura y sobre su plan de acción para los próximos meses, el equipo económico consideró que “en el contexto de condiciones internas y externas desafiantes, continúan los esfuerzos para movilizar financiamiento interno neto. Un enfoque proactivo de gestión de la deuda orientado al mercado ha ayudado a asegurar una financiación neta de mercado de aproximadamente el 0,9% del PBI desde finales de julio”.
“Se están considerando nuevos instrumentos para movilizar financiamiento en pesos hasta fin de año, incluso para atraer la participación de empresas y gobiernos subnacionales con grandes tenencias de pesos. Más allá de 2022, se está desarrollando una estrategia de financiación centrada en reducir los riesgos de tipo de cambio y de vencimiento y abordar las amortizaciones que vencen en 2023″, explicó el equipo económico ante el FMI.
