“No tenemos por qué opinar, es un tema de ellos”, señalan en el Gobierno ante la determinación de la AFA de parar el fútbol en respuesta a a la decisión judicial de citar a indagatoria a sus autoridades en una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales.
Si bien el Gobierno ha sido critico de las autoridades de la casa madre del fútbol argentino y mostró discrepancias en torno al funcionamiento de las asociaciones civiles del fútbol que defiende Claudio “Chiqui” Tapia, en esta oportunidad prefirió esquivar la problemática judicial.
En el oficialismo creen que la Justicia debe actuar de manera independiente y las respuestas las debe otorgar la organización de Tapia.
Y que es un conflicto que no forma parte de la agenda de la administración Javier Milei en momentos en los que el Gobierno aparece enfocado en continuar avanzando con su agenda parlamentaria.
Cuando se conoció la citación, la AFA comunicó a través de un texto de aparición en sus redes sociales que no existe deuda exigible relacionada con las obligaciones consignadas en la denuncia y subrayó que los pagos en cuestión fueron efectuados de forma voluntaria antes de su vencimiento.
La AFA, a su vez, planteó que ese argumento ya fue dado a conocer ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. Además, cuestionó la actitud del organismo recaudador ARCA, al considerar que intenta convertir obligaciones aún no vencidas —y por lo tanto no cobrables— en la base de un supuesto delito penal tributario, postura que calificó como contraria a la normativa vigente.
En paralelo, la institución informó que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo.
