Un día después de que la Corte Suprema ratificara que los condenados en la causa Vialidad deben devolver $685.000 millones, la expresidenta Cristina Kirchner y Lázaro Báez presentaron recursos de queja para buscar dilatar la ejecución de sus propiedades, que serían alcanzadas por el decomiso.
El máximo tribunal confirmó este jueves la actualización del monto del decomiso, que pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, y rechazó los planteos de nulidad presentados por la exmandataria y el empresario de la obra pública en Santa Cruz.
La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó resuelto el monto que deben afrontar los condenados. Sin embargo, todavía resta un paso: la ejecución patrimonial de los bienes, que ya generó nuevas presentaciones para intentar demorarla.
En las últimas horas, Cristina Kirchner y el exempresario de la obra pública santacruceña Báez fueron los primeros en buscar dilatar el proceso.
Se opusieron al fallo de la Cámara de Casación que había confirmado la continuidad del decomiso, lo que llevó el expediente nuevamente a la Corte. Ahora, con el monto ya definido, la instancia final del proceso es la ejecución de las propiedades identificadas para ser rematadas, vendidas o cedidas.
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, fue quien impulsó la estrategia de la exmandataria, que también quiere evitar el decomiso de bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
“No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”, sostuvo la defensa.
Si el decomiso avanza, Cristina Kirchner perdería alrededor de veinte propiedades, entre ellas el departamento de San José 1111, donde permanece detenida desde hace un año, además de hoteles y sus casas en Río Gallegos y El Calafate
